Una propuesta de agenda para el nuevo gobierno

¡Feliz año 2020 a todos nuestros lectores! Y una felicitación especial, porque al fin tenemos un gobierno con funciones plenas, y por tanto, ya debería ser posible comenzar a actuar en materia de transición energética y cambio climático, en la línea de lo que adelantaba en una de mis últimas entradas del año pasado. En este sentido, creo que todos debemos felicitarnos por el hecho de que la Transición Ecológica cuente con el rango de vicepresidencia, porque eso debería ayudar a darle prioridad en la agenda política (y en el presupuesto), así como a facilitar la coordinación entre todos los ministerios implicados, y que son muchos más que el de Transición Ecológica, como luego veremos. Teresa Ribera, además, ya ha mostrado sobradamente sus credenciales y su entusiasmo por esta cuestión. Por tanto, parece un momento ilusionante para los que creemos en la necesidad de avanzar en esta cuestión.

Ahora bien, esa ilusión debe comenzar a trasladarse más pronto que tarde a políticas concretas y efectivas, si de verdad queremos lograr una transición ecológica inteligente y justa, y en la que desde ya se empiecen a realizar las inversiones adecuadas. Porque, si no, no podremos alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030, o en la Estrategia de Largo Plazo 2050 (que debería ver la luz próximamente).

El primer paso, en mi opinión, que además creo que es compartida por muchos, debería ser la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esto es de hecho el primer elemento en el acuerdo presentado por el PSOE y Unidas Podemos, y presentado en el discurso de investidura del Presidente del Gobierno.

El borrador actual de la ley es un muy buen punto de partida, aunque creo que le sobra detalle en algunas cosas (como en la definición de las subastas, en la gestión de la hidráulica, o en las características de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos), y le faltan algunos elementos importantes (fundamentalmente la fiscalidad, pero también un comité de seguimiento independiente, o más énfasis en la economía circular). En todo caso, creo que es una ley que dado su alcance, objetivos, y propuestas, debería ser aprobada por unanimidad por el Parlamento. Esto requerirá seguramente generosidad por parte del Gobierno, y responsabilidad por parte de la oposición. Ojalá que se consigan las dos cosas, porque esto daría el marco necesario para los siguientes desarrollos normativos esenciales.

¿Cuáles deberían ser esos desarrollos? Aquí es importante recordar lo que me cuenta siempre una persona a la que valoro mucho, y con experiencia en altos niveles de la administración: no se puede pretender aprobar todo en una legislatura, hay que priorizar. Y, en ese sentido, las propuestas planteadas en el acuerdo de gobierno son muy numerosas y ambiciosas. Y algunas, además, creo que no apropiadas. Así que me voy a permitir priorizar, añadir, y eliminar:

• En primer lugar, hay que crear un precio para el carbono para los sectores difusos, y un suelo para el ETS. Es decir, hace falta contar con una fiscalidad verde que traslade las señales adecuadas, caigan en quien caigan. Eximir a las clases medias y trabajadoras, o a los autónomos o PYMES, supondría perder gran parte de la efectividad del impuesto. Aunque, por supuesto, habría que buscar mecanismos de compensación inteligentes (básicamente, a tanto alzado, como por ejemplo un cheque a las familias o empresas pequeñas). Pero una cosa es eximir y otra compensar. Ahora bien, hay que ser consciente de que, por muchas razones, un precio para el CO2, aunque necesario, no será suficiente. Por lo tanto, harán falta más políticas, como las que enumero a continuación.
• En segundo lugar, creo que es fundamental reformar el sistema eléctrico, porque es el que más rápido puede avanzar hacia la descarbonización. Pero no con el fin exclusivo de lograr bajadas a veces artificiales de la factura, un error en el que desgraciadamente incurren todos los gobiernos, el querer regular políticamente el precio de la electricidad (y no del gas o de la gasolina, curiosamente…). La reforma debería dirigirse a asegurar que se trasladan las señales económicas correctas y eficientes para la inversión y la operación de todos los agentes. Y por tanto, debería incluir el diseño de un mercado de capacidad eficiente (no pagos por capacidad, ni siquiera revisados), y unas buenas subastas para las renovables, para lograr una generación renovable y fiable. Pero también (aunque esto es competencia de la CNMC), unos peajes y tarifas que permitan una demanda activa y que contribuya a la fiabilidad y eficiencia del sistema. En este sentido, las propuestas de reducir artificialmente el término de potencia, o de hacer incremental el término de energía no son precisamente eficientes, sino todo lo contrario. Y además, ni siquiera son necesariamente progresivas o justas, porque recordemos que los que más pueden reducir su término de potencia son los que tienen más renta, y que además son las familias más pobres las que dedican una mayor fracción de su presupuesto al gasto energético. Hay muchas mejores formas (en términos de eficiencia y de justicia) de promover la eficiencia energética y de luchar contra la pobreza energética que esta modificación tan burda y contraproducente de la estructura de la tarifa.
• En tercer lugar, hay que ponerse con la movilidad sostenible: Primero, con una Ley que dé el marco de gobernanza apropiado, y luego con señales apropiadas. Aquí la fiscalidad puede jugar un papel importante, pero bien dirigida (por ejemplo via impuesto a la matriculación), para ayudar al cambio tecnológico y no castigar a los más vulnerables. En cambio, lo de eliminar los peajes va en la dirección contraria. La clave debe ser generar alternativas, tanto a nivel urbano como en larga distancia. Y sobre todo, generar alternativas para el transporte de mercancías por carretera. Respecto a lo de las ayudas al coche eléctrico…aquí deberíamos tener mucho cuidado, porque pueden no ser rentables socialmente, y además pueden no generar las rentas domésticas que son las que estamos buscando, o hacer que se lleven rentas los que no las necesitan. Lo mismo aplica al despliegue de las estaciones de recarga. Esto habría que estudiarlo cuidadosamente, en conjunto con la estrategia anterior.
• La Estrategia de Rehabilitación de Edificios también es fundamental, y su clave es la financiación inteligente. Pero más importante aún es aprobar un Código Técnico de la Edificación más ambicioso, y que responda de verdad al objetivo de la Unión Europea de que a partir de 2020 las viviendas sean de consumo nulo (y aquí el autoconsumo no es más que un artificio para lograrlo).
• A medio plazo, habría que elaborar una estrategia industrial innovadora, que ayude a contar con industria competitiva, eficiente y descarbonizada a largo plazo. Y aquí no se trata sólo, como se menciona en el acuerdo, de eximir y compensar a la industria (aunque se podría defender en algunos casos), sino de dar las señales adecuadas de largo plazo para la inversión y la innovación.
• Y por último, aunque ya hay un documento aprobado, una Estrategia de Transición Justa que asegure que no se queda nadie atrás. Esto está muy conectado con el punto anterior, de hecho, porque debería estar basada en una estrategia de desarrollo inteligente y basado en el conocimiento, no en ayudas públicas sin rendimientos claros. En este sentido, me da mucho miedo lo del Instituto de Transición Justa, que se parece demasiado al Instituto de las Cuencas Mineras, que tan malos resultados ha dado en cuanto a generación de oportunidades de empleo sostenible. La reforma del bono eléctrico hacia un bono general sí me parece una idea excelente.

¿Y la economía circular? Creo que una buena estrategia de economía circular, que vaya al meollo del asunto, es decir, a la reducción del consumo (y por tanto de la producción), y no sólo al reciclaje, requiere pensar mucho y bien, y por tanto quizá merezca la pena dejarse para más adelante.

En cuanto al autoconsumo…ya he dicho muchas veces lo que pienso: que, aunque puede ayudar a la concienciación de los consumidores, y por supuesto seguro que será un elemento de ese sistema eléctrico futuro más distribuido, no puede estar basado en estructuras tarifarias tramposas, ni en argumentos falsos como los de la eficiencia energética. Mejor que dedicar esfuerzos a esto, yo se los dedicaría a tener tarifas correctas, de forma que las cuentas del autoconsumo salgan cuando sea bueno para todos, y no sólo para unos pocos.