Primeras reflexiones sobre el borrador de la ley de cambio climático y transición ecológica

Escribo desde Florencia, donde estoy iniciando una estadía de investigación en el European University Institute hasta bien entrado diciembre. Ayer, mi primer día aquí, fue especialmente intenso: a un interesante workshop en FSR Climate sobre las posibilidades de una CND más ambiciosa de la Unión Europea al Acuerdo de París se añadieron varios asuntos de calado. En primer lugar, la presentación del WEO-18 de la Agencia Internacional de la Energía que, sin añadir grandes novedades, apunta a la necesidad de acciones contundentes para evitar un importante incremento de las emisiones de GEI, en buena medida asociadas al mundo emergente (la evaluación del ‘stock infraestructural’ energético actual y en planificación cubriría ya el 95% de nuestro presupuesto de carbono para cumplir con los objetivos de París!) También se completó ayer el proceso legislativo para dotar a la UE de un nuevo sistema de ‘gobernanza’ energético, además de incrementar de forma significativa los objetivos europeos de renovables y de eficiencia energética a 2030. Pablo Pintos, nuestro antigo colaborador y conocedor en detalle de esos dossiers, se ha ofrecido a describir próximamente y de una forma pormenorizada dicho proceso en este blog. Pero me gustaría indicar que, de facto, el cambio legislativo lleva a la intensificación en los objetivos de reducción de emisiones de la UE: el propio Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución que insta a aumentar en 15 puntos el compromiso europeo a 2030 (-55%).

Todo lo precedente me lleva a una de las cuestiones más discutidas ayer en el workshop de Florencia: ¿estamos acertando en la UE al intensificar nuestras políticas internas y aumentar la mitigación interna de emisiones? ¿Puede ser más recomendable, para asegurar el éxito del Acuerdo de París (nuestro fin fundamental), que aumentemos los recursos disponibles para evitar que se produzca lo que nos anuncia el WEO-18? En este sentido, mis reflexiones de hace unos días en Lima sobre el Acuerdo de París, el entorno internacional y Perú (a las que me referiré con más calma en un próximo post) van por este camino: Perú es un país crucial en la lucha contra el cambio climático pero necesita recursos externos a gran escala para abordar un gran desafío global: la deforestación. Es posible que algunos exageremos el trade-off para la UE, pero nuestra principal función como economistas es dejar claro que los recursos (para conseguir objetivos) son limitados.

Este es el contexto en el que ayer se difundió, al ser distribuido a los distintos grupos políticos, el borrador del gobierno de la ley de cambio climático y transición energética. Y, sin embargo, en el caso español creo que no se aplica la discusión precedente. En primer lugar por la ausencia de propuestas y actuaciones regulatorias en los últimos años/décadas, que nos sitúan en objetivos muy por debajo de los aplicables a la UE. Afirma el gobierno que se va a hacer uno de los mayores esfuerzos relativos de mitigación en la Unión, pero cuando allí se discute ya una reducción del 55% a 2030 aquí nos quedamos en un 20%. Es por ello necesario actuar ya y de forma intensa para evitar que dentro de unos años tengamos que hacer reducciones (y costes) a mayor escala porque, recordemos, nuestro horizonte es una economía descarbonizada en 2050. Una segunda razón para ver con buenos ojos la propuesta es el necesario cambio en las expectativas de los agentes. Anunciar que los combustibles fósiles no son compatibles con una sociedad descarbonizada, y poner medios para que dejen de utilizarse en pocas décadas, es absolutamente necesario. La limpieza rápida de subvenciones perniciosas, prohibición de exploración/extracción y, sí, de comercializar tecnologías que usen fósiles unos pocos años antes de la descarbonización, son condiciones imprescindibles para poder llegar a una sociedad sin emisiones.

Pasar de las palabras y buenas intenciones a los hechos no siempre es fácil, como demuestra la conmoción generada por el borrador en parte de la sociedad española. Mi participación ayer en el diario de las 14.00 de RNE, en la que apuntaba a la viabilidad de los objetivos por la disponibilidad actual de muchas tecnologías necesarias y el dilatado período temporal, fue precedida por visiones alarmistas de diversos agentes sociales. Este borrador, de hecho, nos sitúa en la situación normal (desde hace años) de nuestros principales socios europeos. En este sentido, y a diferencia de lo que ocurre en muchos países de nuestro entorno, creo que es una mala noticia que la fiscalidad energético-ambiental no aparezca, una vez más, en las propuestas gubernamentales. Se trata de un instrumento potente, completamente necesario para una transición exitosa a una economía descarbonizada, que esperemos sea rescatado en desarrollos futuros. En mis últimas entradas del blog he desarrollado en detalle (aquí y aquí) una propuesta fiscal en este sentido (conjunta con JM Labeaga). Un impuesto sobre carbono sobre los sectores difusos, que podría contemplar esta ley, vinculado al precio imperante en el SECE y a un posible suelo fiscal sobre el sector eléctrico, llevaría a una mayor carga fiscal por litro de diésel y conseguiría (de ser creciente en el tiempo, como apunta la literatura económica) aumentar el precio relativo de diésel y gasolina, acelerando así y haciendo menos costoso el cambio de flota que contempla el borrador de la ley.

He evitado conscientemente entrar en el debate, central en los medios de comunicación ayer y hoy, sobre la regulación del transporte. Pedro se ha ofrecido a avanzar en otra entrada esta semana algunos de los resultados que estamos obteniendo para la elaboración de nuestro próximo informe (centrado precisamente en estos asuntos). También me comprometo a resumir en mi siguiente post las principales conclusiones de la reciente jornada de la Cátedra Fenosa de la Universidade de Vigo sobre transporte (no solo rodado) y descarbonización.

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