Lecciones para una transición energética justa

La transición ecológica no sólo debe ser justa, sino que además debe ser percibida claramente como tal, para crear estados de opinión que la promuevan. Esa fue una de las conclusiones principales de la jornada que sobre experiencias previas de transición se desarrolló el pasado lunes 25 de marzo se celebró en la Universidad Pontificia Comillas, organizada por la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, con la colaboración de AEEE y el Club Español de la Energía.

Ahora bien, ¿cómo lograr esa percepción de justicia en la transición? Más allá de la propia justicia asociada a frenar el cambio climático que nos recordaba Laura Martín, del Ministerio para la Transición Ecológica, la justicia de evitar los daños que sufrirán, de forma mayoritaria, los países más pobres, que son además los menos responsables del mismo, el proceso de transición ecológica generará ganadores y perdedores, a los que será necesario proteger de forma efectiva y transparente. Esto requerirá por supuesto de procesos participativos, en los que estén involucrados todos los agentes afectados…pero también necesitará aprender de experiencias pasadas, tanto en nuestro país como más allá de nuestras fronteras. Aunque desgraciadamente hay pocos estudios rigurosos acerca del éxito o fracaso de los procedimientos e instrumentos empleados hasta ahora; y aunque muchas de las experiencias han sido negativas, la jornada aportó interesantes reflexiones por parte de los expertos que participaron.

Una primera conclusión es que la transición ecológica es mucho más compleja que otros procesos pasados. Alcanza a toda la economía, a la que además puede traccionar. Y además se superpone a procesos de mucho más calado, como la digitalización y la automatización, o los cambios demográficos. Por ello no debe contemplarse de forma aislada, sino integrada en este contexto. Así, por ejemplo, debe incorporar la lucha contra la desigualdad de forma amplia, quizá, como planteaba Claudio Aranzadi, en el seno de un Plan Integral de Pobreza.

Por otra parte, y al contrario que en otros casos, esta transición cuenta con un importante consenso social acerca de su necesidad, y presenta oportunidades que pueden ayudar a compensar de alguna forma los efectos negativos, tanto en términos de empleo (tal como citaba Joaquín Nieto, de la OIT, a nivel global se estima que cumplir con el Acuerdo de París puede generar 24 millones de empleos, mientras que se perderán 6 millones) como de beneficios ambientales asociados o de mayor seguridad energética. También permite contar, a través de los impuestos ambientales necesarios para conducir la transición, con una fuente de recaudación adicional. Por último, permite planificar con anticipación, y con tiempos largos que siempre juegan a nuestro favor.

A este respecto, la visión de largo plazo, y los marcos regulatorios estables, tal como nos recordaba Carlos Martín, de AOP, son fundamentales. Nuestra pertenencia a la Unión Europea facilita enormemente las cosas, al aportar estabilidad al proceso de largo plazo, y también un marco de fomento de la innovación tecnológica, algo esencial para que la transición genere las mayores oportunidades y las menores vulnerabilidades.

En cualquier caso, como señalaba acertadamente Claudio Aranzadi, el primer paso debe ser definir el criterio de justicia que se desea utilizar, dado que los hay muy diversos. Y no en un contexto abstracto, sino evaluando de forma práctica las alternativas factibles A este respecto, el criterio de mayor protección a los más vulnerables parece ser el que explícita o implícitamente forma parte del contrato social que ampara la transición que vivimos.

Ahora bien, hay que recordar que hay más de una dimensión en esta reflexión: la justicia intrageneracional, que es quizá de la que más se habla…pero también la justicia intergeneracional, o la competitividad entre regiones mundiales. La transición ecológica fundamentalmente supone un mayor coste para las generaciones presentes, a cambio de mayores beneficios para las generaciones futuras. Y, si el resto de países no acompañan en la misma medida, también puede suponer una pérdida de competitividad de las economías afectadas. Estos elementos deben incorporarse si se quiere garantizar una percepción positiva por parte de la sociedad, algo esencial para su apoyo.

En segundo lugar, y tal como subrayaba Joachim Roth, de IISD, a partir de las experiencias de Indonesia y Egipto, es fundamental el diálogo y el debate, la comunicación y la transparencia. Esto puede asegurarse, tal como se hizo en el caso de la reconversión industrial que sufrió España en los 80 y los 90, incorporando estas obligaciones dentro del proceso reglado que debe regir la transición. Pero también, tal como propuso Cristina Monge, de ECODES, incorporando mecanismos de gobernanza sólidos, que incorporen la perspectiva de género, e integrados a todos los niveles de la administración. Oliver Sartor, de IDDRI, y responsable de un estudio sobre transiciones desde el carbón, nos contaba cómo en Alemania, por ejemplo, se estableció una comisión que incluía a todos los agentes afectados para decidir sobre el abandono del carbón; o cómo en Canadá se ha creado una Autoridad de Transición Justa que trata de dar estabilidad y coherencia a las políticas más allá de los gobiernos y que, como defendía Jorge Aragón, de CCOO, permite sacar estos debates del ciclo electoral. Como se subrayaba en el debate, la transición no la va a liderar ningún gobierno, la tiene que liderar la sociedad.

Otra lección aprendida de gran importancia, tanto de la reconversión industrial en España como de transiciones en otros lugares del mundo, es que el contexto regional es fundamental. Las mismas políticas tienen distintos resultados en función de las características de la región en la que se apliquen: entre otras, su dinamismo empresarial o su dotación de recursos. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces las regiones más afectadas son precisamente aquellas que ya están en declive, por sus problemas de demografía y de contaminación (un buen ejemplo es la España vacía). Por ello, y como muestra la experiencia de la India (en la que por ejemplo las regiones carboneras son las que menos recurso solar tienen), es preciso mapear bien los recursos en cada territorio, y buscar las ventajas comparativas de forma amplia, y no necesariamente dentro del sector energético.

Lo mismo sucede con la búsqueda de agentes locales que hagan de tractores del proceso. Tal como nos contaba Cameron McCoy, de Lehigh University, su universidad ha jugado este papel en Lehigh Valley, una antigua cuenca siderúrgica. La universidad ha movilizado inversiones e impulsado proyectos estratégicos de forma que la región ahora tiene una economía mucho más diversificada, con la educación y el sector sanitario liderando la creación de empleo. Además, por supuesto, también ha formado muchos graduados, pero no con el objetivo de enviarlos a los grandes núcleos económicos fuera de la región, sino para, en colaboración con las agencias de desarrollo, lograr que contribuyan a la economía regional. Por supuesto, las universidades americanas tienen unos recursos distintos a las españolas…pero cabe plantearse cómo las nuestras pueden contribuir, no sólo con la formación, sino también con la innovación, al desarrollo de las regiones en las que se implantan.

La heterogeneidad que requiere tratamientos diferenciados no sólo es regional, también los tipos de trabajadores afectados son distintos: algunos pueden recolocarse, otros pueden formarse, pero otros no. A este respecto, la experiencia nos enseña que los programas de formación, en los que se suele poner mucho énfasis, no funcionan demasiado bien. A veces los candidatos no son los idóneos, a veces es difícil saber qué formación hace falta (cuando el futuro es incierto)…De hecho, en ocasiones no es precisamente esta formación para la reindustrialización la mejor opción. En Reino Unido, por ejemplo, una solución más efectiva fue construir infraestructuras que permitieran a los trabajadores de las zonas deprimidas desplazarse para trabajar en otras más boyantes.

Claramente es sólo una pequeña muestra de todas las lecciones que se pueden aprender, condicionada por las limitaciones de tiempo de la jornada. Pero en cualquier caso creo que son pautas interesantes para seguir construyendo una estrategia inteligente de transición justa para España. Pero, precisamente por ello, una última demanda que se formuló es que la estrategia sea evaluable y revisable, de forma que, al igual que pretendía la jornada, podamos seguir aprendiendo de la evidencia mientras avanzamos en el proceso, y sin que la parálisis por el análisis lo detenga.

NOTA: Una versión abreviada de esta entrada ha sido publicada en Agenda Pública.

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