Transporte, transición energética e impuestos: sí, pero con cabeza

A continuación, como en otras ocasiones, reproduzco (traducido al castellano) el artículo de opinión publicado en La Voz de Galicia.

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“Transición justa”: pocas expresiones se han hecho tan populares de forma tan repentina. Los chalecos amarillos franceses hicieron que se convirtiera en un tema central en los círculos de la reciente cumbre climática en Katowice, y los políticos de nuestro país la usan de forma profusa cada vez que quieren defender un sector problemático ambientalmente, desde centrales térmicas de carbón a la flota dieselizada de vehículos y sectores aledaños. Pero, qué es realmente una transición justa?

Partamos de varios hechos. El sector transporte, y particularmente el mayoritario diésel en buena parte de Europa, contribuye de forma sustancial al problema del cambio climático y, sobre todo, a los muy importantes efectos de la contaminación local sobre la salud. Y la evidencia académica con la que contamos muestra que ambos problemas afectan particularmente a las personas con menos recursos económicos porque generalmente viven en las zonas más contaminadas y porque no tienen medios para adaptarse a los problemas ambientales. Así que combatir una injusticia como esta, a través de políticas correctoras, garantiza una transición justa. Y, sin embargo, los efectos distributivos negativos de esas mismas políticas ambientales llevan monopolizando el debate muchos meses y suponen una barrera formidable para su supervivencia: la subida de la imposición sobre los carburantes acaba de aplazarse en Francia y el gobierno español ya hace tiempo que no menta este tema.

Sigamos con los hechos. Sabemos que hay una creciente desigualdad en nuestras sociedades y que tenemos medios para enfrentarla: impuestos directos sobre la renta y la riqueza, gastos en servicios públicos, etc. En este sentido, la evidencia académica apunta la que los impuestos de los carburantes no son particularmente regresivos, de hecho menos que otras opciones más populares en este campo como estándares de emisión de los vehículos o prohibiciones de acceso a las ciudades. También sabemos que reflejar en los precios de los productos los daños ambientales que causan, por ejemplo a través de impuestos, consigue facilitar el cambio a gran escala porque mueve conductas e inversiones. No obstante, y esto es particularmente cierto en el caso del transporte rodado, también sabemos que es necesario tener mucho más que la imposición sobre carburantes para avanzar en la transición: alternativas de transporte público, infraestructuras adecuadas de carga de vehículos eléctricos, etc.

Intentemos unir todo el dicho para precisar algo más sobre la transición justa en el ámbito del transporte, particularmente en relación con la fiscalidad. Primero, no intentemos solucionar todo con estos impuestos: la desigualdad estructural tiene que abordarse por otras vías, y hay que introducir muchas otras medidas para facilitar el necesario cambio en el transporte. Con todo, no podemos sacrificar estos instrumentos fundamentales para la transición, en particular por sus incentivos para renovar la flota, por ser percibidos socialmente como injustos. Para eso conviene aplicar un paquete distributivo contundente dentro y fuera de estas figuras impositivas. Dentro, mediante la compensación del sobrecoste pagado para aquellos afectados que cuentan con un bajo nivel de renta y/o no tienen alternativas de adaptación por vivir en el rural, por ejemplo. Fuera, mediante el establecimiento de subvenciones para facilitar la adaptación: ayudas y/o bonificación financiera para la compra de vehículos limpios; inversión en transporte público e infraestructuras de apoyo a la movilidad sin emisiones, etc.

Dos comentarios finales: las compensaciones han de dirigirse a quien las precisa realmente, evitando subvenciones generalizadas que pueden acabar favoreciendo los niveles de renta más altos (caso de España con la compra de vehículos eléctricos hasta hoy); y la recaudación de estos impuestos puede tener como finalidad fundamental ese tipo de programas, reforzando así su aceptación social y viabilidad financiera.

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