Pablo Pintos, hoy asesor en el Parlamento Europeo pero durante muchos años miembro de Economics for Energy, retoma su colaboración con nuestro blog con una valiosa puesta al día de la agenda climática en las instituciones europeas. Esperamos ir recibiendo más información de primera mano a lo largo de los próximos meses.
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Desde que en diciembre del año pasado la actual Comisión Europea comenzase su andadura con el Pacto Verde Europeo (EU Green Deal) – estrategia que establece el camino para alcanzar la neutralidad climática de la Unión en 2050 y a la vez impulsar la economía de manera justa – se han producido varios avances, algunos de los cuales se están materializando estas semanas. Con este artículo se hace un breve repaso no exhaustivo de estos avances.
El año comenzó con la propuesta del Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo para movilizar la financiación pública y privada necesaria para la transición hacia una economía neutra en carbono. Dentro del plan se propone el Mecanismo de transición justa, que incluye la Propuesta de Reglamento del Fondo de Transición justa actualmente en fase negociaciones interinstitucionales. Uno de los puntos más controvertidos de esta negociación es el de incluir a los proyectos relacionados con gas natural en la elegibilidad del fondo.
Estas negociaciones se enmarcan también dentro de los planes de recuperación, que junto al Marco Financiero plurianual para 2021-2027, tienen un peso conjunto de más de 1.8 billones de euros. Se propone que al menos un 30% de este músculo financiero se oriente a objetivos relacionados con el clima. El recientemente aprobado sistema de clasificación de actividades económicas sostenibles o “taxonomía” también ayudará a orientar las inversiones necesarias en proyectos y actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
Además, durante estos meses se han presentado varias estrategias y planes contemplados en el Pacto Verde, como la Estrategia Industrial Europea, el Plan de Acción para la Economía Circular o las estrategias de para la Integración del Sistema Energético y para el Hidrógeno. El ritmo de propuestas no ha decaído a pesar de la inesperada pandemia de la COVID-19.
Pero la propuesta legislativa principal es la Ley del Clima Europea, que actualmente está en la última fase de negociación. Propuesta en marzo, justo antes de la explosión de la pandemia en Europa, busca fijar el objetivo de neutralidad climática a más tardar en 2050 y elevar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 hasta un 50-55% (actualmente el objetivo es del 40%) a partir de la valoración de impacto que la Comisión debía realizar.
Pues bien, el pasado mes de septiembre la Comisión Europea publicó la valoración de impacto y ha propuesto, a través del Plan del Objetivo Climático para 2030, que el objetivo sea de al menos el 55% de reducción de emisiones de GEI para 2030. Aunque este objetivo no se puede comparar directamente con el 40% actual, ya que el nuevo objetivo propuesto incluye las absorciones de carbono.
El Plan del Objetivo Climático para 2030, además de proponer el objetivo de reducción de emisiones a 2030 para alinearlo con el objetivo de neutralidad climática para 2050, tiene como metas estimular la creación de empleos verdes y movilizar a los socios internacionales para que aumenten su ambición climática. Apoyándose en la citada evaluación de impacto realizada por la Comisión, el Plan confirma que lograr una reducción del 55% de las emisiones de GEI para 2030 no daña la economía en su conjunto y mejoraría el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, la evaluación hace hincapié que tanto los hogares con bajos ingresos como los sectores fuertemente dependientes de los combustibles fósiles e intensivos en energía pueden tener un impacto negativo sin medidas específicas de redistribución. El Plan apunta a la necesidad de herramientas reguladoras que permitan señales de precios apropiadas y a utilizar los ingresos por los precios del carbono para reducir estas distorsiones.
Para alcanzar el nuevo objetivo a 2030 se llevará a cabo una revisión de las políticas energético-climáticas de la Unión (otra vez). Para hacerse una idea de las implicaciones, se pueden observar por ejemplo la penetración de energías renovables que proyecta la evaluación; entre un 38-40% del consumo final bruto para 2030, o el ahorro de energía final, que sería de un 36-37%. Esta revisión se espera para junio de 2021.
El Parlamento Europeo, por su parte, acaba de aprobar su posición sobre la Ley del Clima. Además de establecer un objetivo del 60% de reducción de emisiones de GEI para 2030, y que el objetivo de neutralidad climática para 2050 sea a nivel Estado Miembro, propone incorporar instrumentos como el presupuesto de carbono o la creación de un Consejo Europeo sobre el Cambio Climático (ECCC, por sus siglas en inglés). El siguiente paso es que el Consejo fije su posición y se lleven a cabo las negociaciones interinstitucionales para acordar el texto definitivo.
Como se puede comprobar, la crisis de la COVID-19 no ha parado el proceso de continua actualización y modernización de la política energético-climática de la Unión. Más bien, lo ha acelerado, al alinearlo con los planes de recuperación.
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