Reproduzco a continuación, por su posible interés para nuestros lectores, el artículo de opinión recién publicado en La Voz de Galicia (traducido aquí al español). Creo que ilustra los problemas y desafíos de la transición energética y pone énfasis en la importancia una regulación pública firme y gradual.
Galicia se encuentra hoy en una situación muy compleja y en una encrucijada histórica. Hace unos días se presentaba en la Universidad de Vigo el reciente informe del IPCC sobre océanos y criosfera, que alerta de significativas afectaciones de la costa y de los recursos marinos a consecuencia del cambio climático. Un país tan dependiente del mar cómo el nuestro tiene bastantes razones para preocuparse por este fenómeno, pero las sombrías perspectivas de un cambio climático cada vez más acelerado que tendrá implicaciones en prácticamente todas nuestras actividades y bienestar exigen planificar y comenzar una adaptación global y a gran escala. También justifica una reducción rápida e intensa de nuestras emisiones causantes de los fenómenos de cambio climático.
Sin embargo, la reducción de emisiones no solo responde al interés de una sociedad, como la gallega, particularmente vulnerable al cambio climático. Como país desarrollado y parte de la UE, se espera que Galicia llegue a mediados de siglo prácticamente descarbonizada para poder cumplir así con los objetivos del Acuerdo de París (limitar la subida de la temperatura a 2º C con respecto al período preindustrial). De hecho, la nueva Comisión Europea tendrá como prioridad a lucha contra lo cambio climático y las instituciones de la Unión están avanzando hacia una considerable intensificación de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efeito invernadero para 2030, literalmente a la vuelta de la esquina. Es probable que el actual objetivo de 40% de reducción de emisiones en 2030 respecto a 1990 aumente próximamente al 50 o 55% para llegar la más de dos tercios en 2040 (no fijado) y a emisiones casi nulas diez años después.
Un entorno como el descrito exigirá un cambio fundamental en las economías europeas, y particularmente en la gallega. Tendremos que prescindir del uso de todos los combustibles fósiles, comenzando por el carbón pero continuando con el gas natural y los derivados del petróleo. Tendremos que modificar partes importantes de nuestro actual tejido económico y construir nuevos sectores y actividades para los que, afortunadamente, Galicia está bien dotada tanto en términos de recursos naturales como de capital humano. He aquí la encrucijada, porque estos procesos llevan tiempo se queremos desinvertir ordenadamente y con una inversión acompasada en sectores compatibles con los objetivos climáticos. Y conforme retrasamos nuestra actuación los costes socio-económicos se disparan porque es muy traumático tener que desmontar apresuradamente estructuras productivas sin tener las actividades de reemplazo listas. En cierta medida, lo que estamos viendo en Galicia con el anunciado cese de actividad de la central térmica de As Pontes ilustra el precedente: un shock que llega de pronto y causa importantes disrupciones económicas a familias y empresas pero que podría haberse evitado con una regulación pública menos acomodaticia y cortoplacista en los últimos años, que hubiera quebrado las inercias. Vuelvo a insistir en los tiempos: cumplir con los objetivos a 2030-2050 exige actuar a gobiernos, empresas y ciudadanos de forma intensa desde ya porque los procesos económicos de montaje y desmontaje no son instantáneos.
La encrucijada a la que nos enfrentamos no es fácil. Los primeros dolores están generando mucha alarma social y es normal que los decisores políticos adopten posiciones reactivas, en ocasiones poniendo en entredicho la utilidad de instrumentos cruciales de política climática como los mercados de carbono, a los que se acusa de las disrupciones antes mencionadas. Mercados que son de hecho fundamentales para conseguir una transición ordenada y lo menos costosa posible a la descarbonización, en los que la UE está marcando el camino para el mundo (recordemos que China acaba de crear su mercado nacional de carbono), y que por fin presentan precios que se aproximan a los daños que causan las emisiones precursoras del cambio climático. Niveles de precios, por cierto, que no responden a la actuación de especuladores, como algunos están afirmando en Galicia estas semanas, sino a la obligada reducción de la oferta para cumplir los objetivos europeos y a la creación de mecanismos de estabilización de precios.
¿Cómo proceder en la encrucijada? Creo que lo más recomendable para nuestra sociedad es tomar conciencia de la irreversibilidade del cambio a la que nos enfrentamos y ponerse manos a la obra el antes posible. No es el momento de parches, victimismo o atrincheramientos sino de definir entornos de políticas que incidan en el sector privado para facilitar una transición lo menos costosa posible al futuro. Las administraciones y el tejido empresarial gallego tienen así un papel singular, que ha de alinearse con las directrices de la UE para cumplir con el Acuerdo de París. Por supuesto esto no es incompatible con proteger a los que se están viendo perjudicados por el cambio. Precisamos programas específicos, costeados por todos, para compensar a los afectados por las disrupciones y para ayudarlos a buscar acomodo en las nuevas actividades que han de surgir. Recordemos, sin embargo, que los recursos son limitados y que es responsabilidad fundamental de los decisores políticos introducir medidas que rompan con las inercias, lleven al cambio gradual y eviten shocks como los que estamos viendo estos días en Galicia.
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