Muchos sabéis que buena parte de mi trabajo académico se ha centrado en el diseño y evaluación económica de los «precios» por emitir contaminación, principalmente sobre los denominados impuestos ambientales. A lo largo del tiempo me he convertido en un gran defensor del uso de estas figuras, que me parecen cruciales para poder llevar a cabo una exitosa transición a economías sostenibles. Por ello ha sido frustrante para mí observar la escasa aplicación de estos instrumentos, especialmente en el caso español. Muchas de mis entradas en este blog durante sus nueve años de vida se dedicaron a lamentar esta situación, pero prefiero ni vincularlas a este post para evitar flagelaciones innecesarias. En cambio voy a apuntar hoy algunas señales positivas, de procedencia muy variada, que parecen indicar un cambio de entorno en este ámbito.
Comencemos por casa. Este mes de julio se colaron un par de noticias, poco destacadas por los medios de comunicación, pero que creo reflejan cambios importantes. Hace un par de semanas Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, reconocía oficialmente la posibilidad de complementar aproximaciones más estándar (en España) para controlar el acceso de vehículos al centro de las ciudades con el uso de tasas o peajes a partir de 2020. Animo a los interesados a consultar la entrada y subsiguiente documento de trabajo sobre la utilidad de esta alternativa, ya muy testada en otros lugares. Más importante, sin duda, es la referencia explícita al uso de fiscalidad verde que hizo Pedro Sánchez en su reciente discurso de investidura a la presidencia del gobierno: no solo porque apareció este concepto en una declaración política de tanto calado sino porque fue una de las poquísimas referencias a la fiscalidad en dicho discurso.
Las cosas también parecen moverse en nuestro entorno, próximo y lejano. Una revisión de las noticias de Carbon Pulse y otros medios especializados durante este mes de julio deja pocas dudas. Escojo las que más me han llamado la atención, empezando por lo que está sucediendo en Alemania. Allí una comisión de expertos nombrada por el gobierno acaba de recomendar introducir impuestos de entre 25 y 50 euros por tonelada de CO2 sobre los sectores de edificación y transporte antes de proceder a su integración en el EU ETS. Otro conjunto de estudios recién presentados, elaborados para evaluar el progreso hacia los objetivos alemanes a 2030, recomienda la introducción inmediata de un impuesto de carbono creciente (en algunos casos de hasta 80 euros por tonelada) sobre los sectores no-EU ETS. No lejos de allí, el gobierno holandés acaba de anunciar planes para introducir impuestos de carbono, con elevados tipos (30 euros/tonelada en 2021, ascendiendo a 150 en 2030), sobre el sector industrial (ya) sujeto al EU ETS: el impuesto se calcularía a partir de los benchmarks del EU ETS, se minoraría con el precio de mercado imperante, y de facto convertiría a Holanda en el país con mayores precios de carbono del mundo. Pero quizá lo que más me ha sorprendido estas semanas fue la decisión de Nueva Zelanda de introducir precios de carbono significativos sobre las emisiones de la agricultura y ganadería (su principal sector emisor) desde 2025.
El mercado europeo también ha suministrado recientemente unas cuantas noticias de interés. Los precios del EU ETS alcanzaron las últimas semanas los niveles más elevados en trece años, rondando los 30 euros por tonelada. Relacionado con lo precedente, llegan los primeros anuncios de cierre de plantas de lignito en Alemania, sin duda algo muy positivo. Mientras, en Galicia, las recientes movilizaciones de los trransportistas de carbón a la central térmica de As Pontes reflejan también los cambios en las condiciones del mercado. Por su parte, el cada vez más probable «Bretix salvaje» hace muy probable también la creación, para sustituir al EU ETS, de un impuesto británico sobre el carbono que se fijaría inicialmente en 16 libras por tonelada. La caída de los ingresos fiscales europeos a causa del Brexit llevó también a una reciente reunión de los ministros de finanzas (hacienda) en busca de fuentes alternativas, con un acuerdo generalizado para explorar nuevos impuestos sobre la aviación y la afectación de parte de los ingresos de las subastas del EU ETS al presupuesto europeo.
En paralelo lo que está ocurriendo en el mundo de los decisores políticos, la Asociación Europea de Economistas Ambientales (EAERE) encargó a su Policy Outreach Committee, del que tengo el honor de formar parte, la elaboración de un manifiesto o declaración de economistas académicos sobre la utilidad y necesidad de los precios de carbono. El documento, reproducido como imagen más arriba en su versión española, fue presentado en el reciente congreso de la EAERE en Manchester y puesto inmediatamente a firma y difusión (veáse su mención en el influyente FT). A día de hoy ya cuenta con más de 1500 firmantes y seguimos buscando apoyos. Ojalá que, junto al documento similar de los economistas estadounidenses sobre los dividendos del carbono, seamos capaces de convencer a ciudadanos, medios de comunicación y políticos de que estos instrumentos son una condición necesaria (aunque no suficiente) para la transición a sociedades descarbonizadas.
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PD: Esta entrada marca el comienzo del período vacacional de nuestro blog, hasta comienzos de septiembre. Os adelanto que a la vuelta hablaremos de nuevos materiales que estamos ultimando sobre estas cuestiones. Entre ellos el informe encargado por la Fundación Alternativas (coautorado con Alberto Gago, José M. Labeaga y Xiral López) y el número especial que edito en Sustainability junto a José M. Labeaga sobre impuestos ambientales y reformas fiscales verdes y que esperamos presentar durante septiembre para intentar contribuir, humildemente, al futuro debate sobre estos temas.
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