¿Podemos aprovechar la crisis del COVID-19 para avanzar a una economía más sostenible?

En una entrada anterior ya indicaba que la crisis del COVID-19 no ayudará demasiado al medio ambiente, y en particular, al cambio climático: la reducción de emisiones es insignificante (en parte por su carácter no permanente) comparada con lo que realmente tenemos que hacer para mantener el clima en niveles aceptables. Y que, además, debemos tener cuidado con cómo salimos de la crisis, porque algunos elementos no van a contribuir a que la salida se haga en la dirección correcta.

Por ejemplo, los precios del petróleo están a niveles ridículos: no hay demanda, y tampoco hay ya lugar para almacenarlo. En estas condiciones, la señal para sustituir este petróleo por otros combustibles más sostenibles se ve muy debilitada.

Los precios del CO2 también bajaron mucho por el parón económico. Esto, igual que en el caso del petróleo, también es algo natural: al bajar la actividad económica, se reducen las emisiones, y por tanto, la necesidad de disponer de permisos para emitir. Sin embargo, y en este caso, hay un “sistema de almacenamiento” incorporado al mercado europeo de emisiones, el banking. Es decir, la posibilidad de guardar permisos (o de comprarlos ahora) para utilizarlos luego, cuando sean más caros. Esto, que algunos rápidamente consideran especulación indeseable, es realmente muy positivo, porque permite estabilizar el precio de los permisos, y reducir el coste de alcanzar un determinado nivel de contaminación. Así, al comprar permisos ahora, sube el precio del CO2, y en el futuro, cuando, ojalá, la actividad económica se recupere, el precio de emitir será inferior al que hubiera habido sin banking. La cantidad emitida será la misma, pero el coste, y por tanto, el impacto económico, será menor. Este banking ya se ha puesto en marcha, y así los precios se han recuperado hasta niveles cercanos a los que había antes de la crisis.

Por último, existirá la tentación, muy habitual en estos casos, de primar la recuperación económica por encima de cualquier otra circunstancia, y postergar o incluso dejar sin efecto temporalmente medidas ambientales por sus posibles consecuencias negativas a corto plazo para la economía. Algunas de las propuestas de Trump por ejemplo parecen ir en esta dirección. Este riesgo es aún mayor dada la amenaza de que los populismos y nacionalismos crezcan con esta crisis.

En estas condiciones, creo que el debate que se está promoviendo desde distintos ámbitos sobre cómo convertir esta crisis en una oportunidad para, dirigiendo correctamente los flujos de dinero que se van a movilizar para recuperar la actividad, crear una economía más sostenible, es muy apropiado, aunque también creo que hay que manejarlo con cuidado. Porque, igual que muchos tratan de defender el status quo con la excusa de la recuperación económica (aerolíneas, compañías petrolíferas, etc.), también existe el riesgo de convertir esta oportunidad simplemente en una extracción de rentas públicas que beneficie innecesariamente a algunos agentes, por muy verdes que sean sus negocios, y como siempre a costa del consumidor o contribuyente, sin realmente lograr ese cambio de modelo económico hacia uno menos consumista y más sostenible. Por lo tanto, creo que es importante que este debate sea serio y riguroso, porque nos jugamos mucho.

Vaya por delante que no soy ni mucho menos experto en macroeconomía, así que lo que escribo a continuación debe tomarse con precaución. Y por supuesto no me atrevo a opinar ni sobre el volumen del estímulo público que se requiere, ni sobre su duración, ni sobre los instrumentos, ni sobre su gobernanza. Sólo me permito opinar modestamente sobre cómo utilizarlo. Tampoco entro en las cuestiones más sociológicas: cambios de valores, solidaridad, etc. No porque no sean importantes, por supuesto, pero ya hay otros como Mark Carney o Antonio Guterres que nos lo cuentan muy bien.

Así que vamos con mi opinión sobre cómo utilizar los fondos de ayuda y reconstrucción. Lo primero que hay que hacer, creo, es distinguir dos fases en las ayudas públicas: La fase en la que tratamos de evitar que la economía se vaya al garete, y la fase en la que comenzamos a reconstruir.

En la primera fase, creo que no debe haber muchas restricciones previas, porque lo importante es que el dinero llegue lo antes posible a los que lo necesitan, las familias y las empresas. Pero eso no significa que nos debamos lavar las manos acerca de cómo se usa ese dinero: tenemos que tratar de evitar que se use para los fines equivocados.

Por ejemplo, podemos pedir contrapartidas a las empresas que lo reciban: podemos pedirles a cambio una estrategia de futuro alineada o compatible con la descarbonización. Ahora bien, hay que tener cuidado con no pedir imposibles. Por ejemplo, sería poco realista pensar que debemos salvar a las aerolíneas sólo si se comprometen a reducir sus emisiones de hoy para mañana. Eso es técnicamente imposible. Tampoco parece tener mucho sentido poner dinero público para salvar industrias a las que no queda mucho tiempo de vida en su configuración actual. Pero hay sectores en que la condicionalidad de las ayudas puede ser muy efectiva, como en España el sector turístico, con mucho potencial para descarbonizarse y hacerse más resiliente si se hacen las inversiones necesarias. O el sector de la automoción, que debe claramente evolucionar hacia un paradigma eléctrico.

También en esta primera fase podemos aprovechar la bajada comentada en los precios de los combustibles o el CO2 para, aunque parezca contraintuitivo, introducir esa fiscalidad ambiental que llevamos tanto tiempo esperando, y que evitaría que volviéramos a consumir más petróleo o más carbón. Por un lado, la bajada de precios crea margen para introducir impuestos sin que los consumidores o empresas noten el golpe, y por otro, permite obtener ingresos públicos en lugar de enviar las rentas a los países productores de fósiles.

Finalmente, en los casos en los que el dinero público (como el del Banco Central Europeo) se dirige a comprar deuda pública, podemos exigir que, cuando esa deuda se utilice para inversión, lo haga con criterios sostenibles. Así, por ejemplo, Peter Sweatman y Brook Riley animan al Banco Central Europeo a que compre use parte de sus fondos para comprar deuda del Banco Europeo de Inversiones que, en línea con el Green Deal, ha establecido criterios ambientalmente exigentes para su financiación. La Comisión ya ha acordado también su taxonomía.

Y esto conecta con la segunda fase: cuando, ojalá, pase la crisis sanitaria, y comience la fase de estímulo de la economía. En esa fase, si de verdad queremos avanzar hacia una economía sostenible, claramente debemos asegurarnos de que financiamos inversiones, y no gastos. E inversiones no sólo en capital físico, sino en capital humano. Estoy seguro de que algunas lecciones habremos aprendido: tenemos que invertir más en salud pública; y en tecnologías de la comunicación para que nadie se quede atrás. Y todo ello con criterios de sostenibilidad ambiental y social, no sólo económica. Precisamente por esta necesidad de sostenibilidad ambiental, y en particular por la necesidad de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, también tendremos que invertir para descarbonizar el sector energético. Además, cuando invertimos en eficiencia o renovables no sólo ayudamos a la descarbonización, sino que, por su propia definición, creamos valor añadido y reducimos el gasto, algo muy deseable como ya he dicho. La cuestión es si debemos priorizar todas las inversiones hacia el sector energético y la lucha contra el cambio climático. Porque la salud y la educación también son muy importantes, aunque no se gane dinero…incluso las infraestructuras, si contribuyen a una mayor sostenibilidad (por ejemplo, un urbanismo más amable). Aquí es donde creo que hace falta una discusión pública sosegada, para, bien informados, y no contaminados por intereses económicos ajenos, decidir entre todos dónde están nuestras prioridades.

Además, si el objetivo es levantar de nuevo la economía nacional, no basta con apoyar económicamente para invertir en equipos renovables o de eficiencia, porque estos puede que no se produzcan aquí, y puede que no contribuyan lo necesario a la creación de empleo, de renta, de competitividad, y de know-how. Para realmente levantar la economía nacional hace falta invertir con inteligencia en aquellos sectores en los que somos competitivos, y que por tanto generan renta nacional, y también en los que podemos serlo. España, según este paper que me mandó Timo Gerres hace unos días, parece tener mucho potencial para ser competitiva en tecnologías “verdes”, por el tipo de productos que ya exporta, pero también puede serlo en otro sectores como el biosanitario.

Aquí es donde la política industrial inteligente debe jugar un papel fundamental. Esta política, como bien nos recuerda Rodrik, es fundamental para lograr un crecimiento verde y sostenible (porque las numerosas externalidades asociadas hacen imposible que se produzca solo), y además, al contrario que otras políticas cuyo único objetivo es el proteccionismo, tiene beneficios globales. Sus características esenciales: que haya instituciones que permitan la colaboración entre el estado y los agentes privados; que las ayudas estén condicionadas al buen rendimiento y no sujetas al capitalismo de amiguetes…y por tanto sean evaluadas rigurosamente; y que haya transparencia y rendición de cuentas. Ojalá esto se incorpore a la propuesta europea de estrategia industrial, y también a la española.

La necesidad de inversión pública también puede ser una oportunidad para integrar alguna de las ideas de Mazzucato: que el estado no sólo entregue fondos, sino que se convierta en socio de las inversiones, para beneficiarse también si las cosas van bien (y no sólo pague si van mal)

Eso sí, como los fondos públicos son limitados, además habrá que crear las condiciones para que el sector privado también ayude a la recuperación en la dirección deseada. Para eso necesitamos marcos claros que den señales adecuadas y estables. En el caso energético-ambiental, el marco ya está en parte: el Green Deal europeo, o los PNIECs nacionales. Faltan las señales claras, y esa política industrial inteligente a la que me refería antes.

En todo caso, para avanzar en todo esto no hacen falta cambios revolucionarios, como piden algunos. De hecho, ponernos a discutir sobre esas revoluciones puede hacernos perder mucho tiempo. En particular en lo que se refiere a la inversión energética sostenible, ya contamos con muchos de los instrumentos necesarios. Sólo necesitamos la voluntad política para implantarlos. Y, sinceramente, creo que en estos momentos de tan baja confianza en nuestra clase política, el querer hacer las cosas de otra forma, el querer hacer las cosas bien, en lugar de mirar por los intereses partidistas o de los amiguetes del mundo empresarial, podría contribuir a recuperar parte de esa confianza por parte de los ciudadanos.

NOTA: Después de la entrada, Karsten Neuhoff et al han publicado también sus recomendaciones. También Cameron Hepburn et al han hecho una encuesta a expertos.