Nuevas pistas sobre los impuestos energético-ambientales

El martes pasado se presentó en Madrid el informe anual para España de la OCDE, al que puede accederse aquí. En posts recientes y no tan recientes (aquí o aquí) comentamos las continuas recomendaciones de la OCDE en los últimos años, junto a otras instituciones internacionales, sobre la necesidad de avanzar en la fiscalidad ambiental y en las reformas fiscales verdes en España. Este informe no es una excepción y vuelve a reiterar las razones para su uso (a continuación, en cursiva y entre comillas). Sin embargo, apunta alguna información y sugerencias adicionales. Esperemos que este informe tenga más éxito en este campo que sus predecesores!

 

Angel Gurría y Luis de Guindos en la presentación del informe de la OCDE

«España cuenta con un margen de actuación considerable para conseguir que su sistema tributario resulte más respetuoso con el medio ambiente, ya que los ingresos por impuestos ambientales en proporción al PIB son bajos en comparación con la mayoría de países de la OCDE. Hay margen para elevar los impuestos sobre los combustibles para el transporte por carretera, los cuales se encuentran por debajo del promedio de la OCDE. Asimismo, la tributación por cada litro de diésel es menor que la que se aplica a la gasolina, lo cual anima a los consumidores a comprar vehículos diésel, a pesar de que generan más emisiones de CO2 por litro que los de gasolina y emiten más agentes contaminantes del aire por kilómetro que resultan perjudiciales para la salud. El Gobierno debería incrementar la tributación del litro de diésel hasta niveles cuando menos equivalentes a los del litro de gasolina, y debería elevar aún más el precio del diésel si las diferencias en los costes de contaminación local no están reflejadas en el precio de los combustibles. Según simulaciones existentes, podría conseguirse una recaudación adicional de 4 000 millones de euros al equiparar la tributación del diésel en términos energéticos a la gasolina (OCDE, 2014). Los estudios realizados por la OCDE muestran que es poco probable que el precio del carbono afecte la competitividad de las empresas afectadas; además, el aumento de los precios de la energía no da lugar a impactos distributivos especialmente profundos (Flues y Thomas, 2015; OCDE, 2016). Asimismo, existe margen para reducir las exenciones a fin de ampliar la base de la tributación medioambiental, ya que algunos usuarios de los sectores de la agricultura, minería, aviación, navegación y transporte ferroviario están exentos de los impuestos sobre los combustibles o de los impuestos especiales sobre la electricidad (OCDE, 2015). «

 

Todo lo anterior está plenamente en línea con las conclusiones de nuestro informe anual de hace dos años sobre estos asuntos. Sin embargo, hay dos novedades que merece la pena destacar. En primer lugar, la constatación de que estos tributos consiguen menos recaudación (en términos reales) hoy en España que en 2000. En segundo lugar, la recomendación de reducir la fiscalidad sobre el trabajo (por encima de la media de la OCDE) y de hacerlo concentrando los esfuerzos en los trabajadores menos cualificados. Esta variante de reforma fiscal verde se explicaría por los graves problemas de desigualdad que detecta este informe en nuestro país y que tienen mucho que ver con el alto nivel de desempleo y con un mercado de trabajo con muchas imperfecciones.

Como complemento a lo precedente, quiero comentar en esta entrada las conclusiones de un informe sobre recursos propios elaborado por un grupo de expertos de alto nivel que reporta a las instituciones europeas. Hace unas semanas el presidente de este grupo, Mario Monti, estuvo en el RSCAS de Florencia, donde se encuentra FSR Climate, para presentar las conclusiones de este trabajo. El informe pretende, básicamente, presentar propuestas para conseguir unas fuentes de ingreso más transparentes y que permitan dar cumplimiento a los crecientes desafíos a que se enfrenta la Unión. El documento presta una especial atención a los tributos energético-ambientales, a los que dedica un párrafo de su corto resumen ejecutivo que de nuevo reproduzco a continuación en su versión original:

«Candidates related to the Energy Union, environment, climate or transport policies include a CO2 levy, proceeds from the European emission trade system, an electricity tax, a motor fuel levy (or excise duties on fossil fuels in general), and indirect taxation of imported goods produced in third countries with high emissions. These candidates would also contribute to the better functioning of the single market if they limit the proliferation of such taxes in an uncoordinated manner, and would create a link between the nancing of the EU budget and EU policies.»

En fin, otra variable quizá a tener en cuenta en los futuros desarrollos de la fiscalidad energético-ambiental en los estados que conforman la UE. Nótese que el informe indica que estos tributos se pueden convertir en una fuente alternativa para la financiación de los gastos europeos no solo por su capacidad recaudatoria sino, sobre todo, por su contribución a políticas de naturaleza netamente europeas. La armonización tributaria entre países está claramente en la mente de los expertos, aunque las vicisitudes de las propuestas fiscales de la Comisión en este ámbito me hacen dudar mucho de su viabilidad. En cualquier caso parece que la fiscalidad energético-ambiental vuelve a la agenda de la Unión no a través de la creación de nuevos impuestos (como a comienzos de los noventa con la denominada ecotasa) sino de la adecuada aplicación de figuras nacionales para contribuir a la Unión Energética, a las políticas climáticas… y al presupuesto europeo.