La fiscalidad ambiental en el Informe sobre el desempeño ambiental de España de la OCDE

A principios del mes de marzo la OCDE presentó el OECD Environmental Performance Reviews: Spain 2015, en el que se analizan los progresos ambientales en España desde 2004, cuando habían llevado a cabo la última revisión. Este informe considera que España ha conseguido mejorar su desempeño ambiental desde el año 2000, reduciendo la intensidad en carbono y energía de la economía, la contaminación industrial y la generación de residuos, si bien la recuperación económica podría revertir estos avances si no se integra más el medio ambiente en el programa de recuperación económica.

Con respecto a la fiscalidad ambiental, explican que si bien la necesidad de ingresos fiscales debido a la crisis provocó el desarrollo de nuevos impuestos ambientales, los ingresos derivados de estos impuestos se han reducido continuamente desde 2007, tanto como porcentaje de los ingresos fiscales como del PIB, provocando que en la actualidad estén entre los más bajos de los países europeos de la OCDE. Además, los impuestos sobre la energía, que son los principales impuestos relacionados con el medio ambiente aplicados en los países de la OCDE (especialmente los impuestos sobre los carburantes), son los más bajos entre los países de UE en porcentaje del PIB. Asimismo, existen una serie de subsidios, exenciones y reducciones que disminuyen la efectividad de estos impuestos al reducir los incentivos al uso eficiente de la energía: los menores tipos impositivos del diésel en relación a la gasolina, las exenciones en las accisas sobre los carburantes para el uso final en la aviación, la navegación y el ferrocarril, las reducciones en el impuesto sobre los carburantes en los sectores agrícola y minero, las exenciones al impuesto sobre la electricidad para determinadas industrias intensivas en energía, los subsidios al carbón doméstico o el bajo gravamen de los vehículos de empresa.
En este contexto, explican que España no está utilizando plenamente el potencial que tiene para aplicar una fiscalidad ambiental que permita alcanzar los objetivos ambientales y, al mismo tiempo, ayude a reducir la deuda pública. Algunas reformas llevadas a cabo en los últimos años, como el impuesto sobre el carbón introducido en 2005, el aumento en las accisas sobre los carburantes en 2007, el gravamen sobre los vehículos basado en las emisiones de CO2 desde 2008 o la ampliación de de los productos energéticos gravados desde 2013 han ayudado a reducir el consumo energético y las emisiones contaminantes asociadas, pero es necesario avanzar mucho más. Por ello, consideran que, tal y como se proponía en el Informe de la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español del año pasado, habría que simplificar, consolidar y reformar los impuestos ambientales existentes para lograr abordar mejor las externalidades ambientales y reducir la carga fiscal sobre el trabajo, mejorando además la coordinación entre el gobierno central y las comunidades autónomas.
De este modo, su principal recomendación es extender y refinar el uso de impuestos ambientales en el marco de una reforma fiscal verde que refuerce la aplicación de los impuestos ambientales y reduzca el gravamen sobre el trabajo para estimular el crecimiento económico. Para ello proponen una serie de medidas que incluyen especificar un componente de carbono en los impuestos sobre los combustibles utilizados en los sectores no cubiertos por el EU-ETS, incrementar el impuesto sobre el diésel utilizado en el transporte hasta por lo menos el mismo nivel que la gasolina, reestructurar el impuesto de circulación para que refleje mejor el coste ambiental del uso del vehículo, considerar la reforma de los impuestos ambientales existentes (o la introducción de nuevos) sobre el uso de recursos y la contaminación, y la introducción en la fiscalidad sobre los vehículos de empresa de un componente basado en la distancia recorrida. Asimismo, consideran que los impuestos aplicados por las comunidades autónomas deberán ser más coherentes para abordar mejor los problemas ambientales y reducir los costes de transacción y cumplimiento, fortaleciendo la coordinación de los impuestos ambientales entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Finalmente, se deben identificar y eliminar las medidas fiscales y los subsidios que son perjudiciales para el medio ambiente y económicamente ineficientes, en particular aquellos relacionados con la producción doméstica de carbón y la generación de electricidad con carbón, con las tarifas eléctricas residenciales y con los combustibles utilizados en los sectores de la agricultura, la minería y el transporte marítimo, aéreo y por ferrocarril, todo ello teniendo en cuenta los impactos sociales potenciales.
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