Un paso adelante imprescindible

Como es habitual, reproduzco a continuación, añadiendo algunos vínculos, la tribuna publicada ayer en la edición digital de El País (y hoy en su versión impresa) y firmada con Pedro Linares.

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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética está a punto de completar su dilatado y trabajoso proceso de elaboración. Es una buena noticia y hay que felicitar y agradecer a los muchos que, desde hace años, han sumado considerables esfuerzos para llegar a esta meta. Porque se trata de una ley imprescindible ante quizá el principal desafío a que se enfrenta nuestra sociedad en las próximas décadas, y no solo porque las vulnerabilidades españolas ante los impactos del cambio climático sean inmensas

El retraso con el que completamos este desarrollo legislativo refleja nuestras dificultades históricas para afrontar la mitigación del cambio climático que, en sí mismas, también justifican la necesidad de aprobar esta ley sin dilación porque contamos con un margen de maniobra cada vez menor. La aparente falta de ambición de la ley en términos de objetivos de reducción de emisiones (en cualquier caso, alineados con los compromisos de la UE para con el Acuerdo de París) es, de hecho, consecuencia de la inacción de décadas que permitió alcanzar un máximo de emisiones en 2007, mucho después que otros países de nuestro entorno. El esfuerzo de reducción necesario ahora y los costes asociados son por tanto mucho más elevados. Esta ley, con sus objetivos de largo plazo, es necesaria precisamente para dar señales estables y robustas a los agentes económicos, de forma que se aprovechen todas las dinámicas empresariales y de innovación en el corto intervalo que resta.

Ahora bien, la ley, aunque necesaria, no es suficiente. Los objetivos a largo plazo deben acompañarse con mensajes claros a los inversores, empresas o consumidores. En este sentido, como economistas ambientales, lamentamos la ausencia en el articulado de una referencia explícita a los precios de carbono como motor fundamental para una reducción de emisiones eficiente. Es cierto que una disposición adicional menciona la necesidad de considerar la fiscalidad verde dentro de futuras reformas fiscales, que esperemos sea capaz de trasladar este poderoso instrumento a todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero. Porque será fundamental conseguir resultados decisivos no solo en el sector eléctrico o el transporte, en los que en ocasiones la ley hace propuestas excesivamente detalladas, sino también en áreas poco mencionadas en ella: agricultura, industria y turismo, por poner solo unos ejemplos sumamente relevantes dentro del tejido económico español. 

Esta es, pues, una ley general que ha de ser desarrollada de forma intensa a lo largo de esta década. Solo así podremos aspirar a cumplir los objetivos marcados para 2030 y ponernos en la senda de una sociedad neutra en carbono a 2050. De cómo se lleven a cabo estos desarrollos dependerá no solo poder alcanzar los objetivos de reducción a costes razonables, sino también poder aprovechar todas las oportunidades que brinda la transición ecológica en términos de innovación y competitividad de nuestra economía o de creación de empleo, y lograr así que no se quede nadie atrás. Congratulémonos pues de esta ley tan esperada y bienvenida, pero seamos conscientes de que es solo uno de los primeros pasos de un largo y difícil camino por recorrer.

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