La nueva asignación de cargos: ineficiente, no necesariamente justa, y generadora de déficit.

¡Qué decepción! Los peores presagios se han cumplido y tal como defendían (en mi opinión en contra del interés público) algunos sectores de interés, los cargos se asignarán fundamentalmente a la energía consumida, y no a la parte fija del recibo de la electricidad.

El caso es que la propuesta de Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico comienza bien. Su dice que «en la elaboración de la metodología se han aplicado criterios de reparto que distorsionen lo menos posible la demanda global, objetivos y no discriminatorios». Esto, para el caso de cantidades fijas como las que nos ocupan aquí (como se deja muy claro en el preámbulo, «los costes considerados como cargos tienen en su inmensa mayoría una naturaleza fija e independiente del consumo») se consigue cuando, como se indica más adelante, los cargos se determinan en función de la elasticidad del consumidor: si el cargo es mayor cuanto menos elástica es la demanda, esta se distorsiona menos. Es cierto que hay también otros criterios para repartir un cargo fijo que, manteniendo la eficiencia, tratan de lograr un reparto más justo: asignarlo por criterios de renta, o por consumos históricos, etc. Pero vale, aceptemos este por ahora.

Pero pronto se comienza a estropear, con párrafos siguientes en los que se va en contra de este objetivo de no distorsión y no discriminación. Así, se dice que se ha optado por una estructura de cargos con discriminación horaria. Esto evidentemente incentiva desplazar los consumos, y por tanto, alterar la demanda. Pero, ¿no queríamos no distorsionarla? Pues ya lo estamos haciendo. Y, como explicaré más adelante, no de forma apropiada.

Y luego ya, para terminar de fastidiarla, en un párrafo que me parece absolutamennte incoherente, se dice que, a pesar de que los costes son fijos, se propone un diseño binomial, en el que además se considera más adecuado dotar de un mayor peso l componente variable de los cargos, al objeto de favorecer la eficiencia energética, el autoconsumo, o el despliegue de la infraestructura de recarga rápida de vehículos eléctricos».

Es decir, que lo de no distorsionar la demanda y no discriminar, mejor olvidarlo: el Gobierno quiere repartir un coste fijo pero de forma variable, para tratar de incentivar cambios de comportamiento. Cambios que pueden ser muy deseables, pero que hay que incentivar de otra forma, no de esta. Porque estos cambios de comportamiento pueden implicar pérdidas de eficiencia, falta de equidad, y no suficiencia en la recaudación. Justo lo contrario de lo que debería pretender una metodología de asignación de cargos.

¿Por qué posibles pérdidas de eficiencia? Porque cuando repartimos un cargo fijo con señales variables estamos induciendo a los consumidores a cambiar sus comportamientos mediante señales que no reflejan el coste de oportunidad de los recursos. Y por lo tanto, la asignación final de los mismos no será la mejor posible.

¿Y si queremos fomentar un comportamiento particular, como el autoconsumo? Pues depende de las razones por las que lo hagamos. Si es porque consideramos que más autoconsumo reduciría los costes del sistema, lo único que tenemos que hacer es enviar las señales económicas adecuadas (esas justo que no estamos enviando). Si es porque consideramos que más allá de esto, el autoconsumo tiene beneficios no económicos, como por ejemplo el empoderamiento del consumidor, entonces sí puede tener sentido una subvención. Pero esta subvención debería ser explícita, cosa que no sucede en este caso, como explicaré más adelante.

¿Por qué posible falta de equidad? Porque en lugar de repartir un cargo fijo con criterios de justicia, por ejemplo de renta (usando el IBI u otros indicadores de renta familiar o empresarial), lo estamos camuflando mediante señales en el término variable, que no sabemos qué consecuencias tienen. Sí, cuando subimos artificialmente el término variable, como en este caso, estamos fomentando el autoconsumo, la eficiencia energética, o la recarga de vahículos. Como he dicho antes, a niveles que incluso podrían ser los deseables (si estamos compensando otros fallos o barreras de mercado). Pero al hacerlo, y a pesar de que la propuesta de RD dice que se tratan de «evitar los efectos redistributivos entre consumidores», lo que hacemos es justo eso, redistribuir rentas entre los que pueden montar instalaciones de autoconsumo y los que no, o entre los que tienen más facilidad para hacer inversiones en eficiencia energética y los que no. ¿Hay algún análisis de las consecuencias de esta redistribución?¿Es progresiva o regresiva? A mí, intuitivamente, se me ocurre que muy progresiva no creo que sea: los segmentos más bajos de renta son los que suelen tener más dificultades de acceso al capital, y por tanto, a estas inversiones.

Y todo esto termina de complicarse con la falta de suficiencia en la recaudación. Si tenemos que recaudar un término fijo, y lo hacemos con señales variables para que los consumidores reaccionen, estos lo harán. Y si reaccionan como queremos, desplazando sus consumos a horas en los que los cargos son menores, o reduciendo sus consumos en términos absolutos, ¿qué nos encontraremos? Pues que no hemos recaudado tanto como esperábamos. ¿Y de dónde sacaremos el dinero que falta? Pues o de volver al déficit de tarifa, o de subirle el cargo a los consumidores que no han podido invertir en autoconsumo o eficiencia. Es decir, un subsidio cruzado y no transparente entre consumidores lo cual, de nuevo, puede no ser lo más justo.

Por eso ni siquiera es necesariamente bueno el reparto de los cargos con discriminación horaria: sí, esto hará que los consumidores desplacen sus consumos, pero no necesariamente en la dirección correcta, en la que minimiza los costes para el sistema. Más bien, lo que hará será que, al desplazar los consumos, se genere un agujero en la recuperación de cargos, que de nuevo tendrán que pagar aquellos que no puedan desplazarlos.

En resumen: el Gobierno ha puesto los objetivos de política energética por encima de cualquier otra consideración, y esto lleva a que la metodología de asignación de cargos tenga múltiples problemas. ¿Había otra forma de hacerlo? Sí, claro: establecer una metodología de asignación verdaderamente eficiente, justa, y robusta; y luego diseñar incentivos robustos también para promover el autoconsumo o la eficiencia, de forma explícita y transparente.

Sinceramente, más allá de las consecuencias evidentes sobre el sistema, yo personalmente estoy muy decepcionado. ¿Cuándo conseguiremos tener una regulación ortodoxa y apropiada en España, y no dependiente de los intereses de las distintas partes? No será por falta de argumentos sólidos, como los que habían preparado los expertos del IIT...