El nuevo Real Decreto de pobreza energética

El Gobierno acaba de enviar a la CNMC, para su preceptivo informe, el borrador de Real Decreto sobre pobreza energética (en realidad, sobre consumidores vulnerables y bono social).

Las buenas noticias: que, al fin, se incluye la renta como criterio fundamental para definir a los consumidores vulnerables. Y también que establece una categoría de consumidor vulnerable severo que goza de mayor protección (sobre todo respecto a los cortes).

Las malas noticias:

–Incluye también a las familias numerosas y pensionistas (algo que no tiene ningún sentido, según nuestro análisis). Es cierto que hay un límite al consumo, que se supone que podría servir para evitar excesos…pero me temo que el límite no es muy restrictivo. Aunque sea una anécdota: yo (familia numerosa), que no me considero ni mucho menos un consumidor vulnerable, gasto anualmente menos de los 3.600 kWh que marca como límite el RD (José Luis Sancha en los comentarios también se refiere a esto).

–Sigue sin incluir otras fuentes energéticas.

–Sigue utilizando descuentos en lugar de pagos a tanto alzado: los descuentos, ni son eficientes, ni pueden ser suficientes para algunas familias.

–Sigue estando financiado por los consumidores eléctricos (no por las empresas, que lo que hacen es pasárnoslo a los consumidores).

En fin, que habrá que pensar que al menos es un paso en la dirección correcta. Pero todavía quedan unos cuantos. Hoy supongo que hablaremos del tema en un Desayuno Vozpopuli.

AÑADIDO:

Ya he vuelto del Desayuno, y aprovecho para añadir algunas ideas interesantes que han salido de la conversación con Sergio Tirado, Gloria Gómez y Esther Sevilla, y que se añaden a las que ya he mencionado anteriormente.

• Sería interesante añadir al RD una idea que ya lanzábamos nosotros en el informe, copiada de la normativa francesa: una auditoría energética gratuita para los consumidores vulnerables. Esther además proponía que esta auditoría la realizaran personas formadas en estos temas procedentes de familias en pobreza, de forma que se cerrara el círculo (y además que pudieran aportar su experiencia de primera mano del tema).
• Esta auditoría puede además contribuir a romper la dinámica de pobreza y subsidios, permitiendo que los hogares vulnerables vayan saliendo de la situación (aunque evidentemente no puede solucionar todos los problemas).
• Y después de la auditoría, hay que priorizar las ayudas a la eficiencia a los hogares vulnerables, algo que no se hace aún.
• En este sentido, Gloria Gómez, del estudio CC60, nos ha contado la identificación de medidas de bajo coste y rápida aplicación para mejorar el confort y bajar el uso de energía en viviendas vulnerables, así como los estudios que están haciendo de isla de calor.
• Un tema sobre el que hemos estado discutiendo es si la identificación del consumidor vulnerable debe hacerla el Estado, cruzando datos de renta y consumos (como exige la ley portuguesa) o si debe venir de la petición individual de los hogares. Aquí creo que hemos llegado a un cierto consenso: es cierto que cualquier actuación social no puede ser automática, debe haber petición expresa del hogar. Pero si lo dejamos todo a esta petición expresa pasará lo que dice el Ministerio, que sólo solicitarán el bono un 45% de los posibles beneficiarios…y además seguramente los más vulnerables serán los que menos lo soliciten. Creemos pues que sería conveniente que el Estado identificara a los beneficiarios potenciales, y a partir de ahí se pusiera en marcha un procedimiento de auditoría energética y solicitud del bono, en diálogo con las familias y los servicios sociales. Yo añado, por mi parte, que aunque el paternalismo a veces no guste, ya hemos visto que hace falta en casos como por ejemplo el IRPF, para no dejar tirados a los vulnerables. Un sistema de opciones por defecto ayuda siempre.
• Otro tema relevante es qué indicador de pobreza utilizar para identificar a los vulnerables. De nuevo, creo que había consenso en que hacen falta varios simultáneamente (aunque no todos, porque hay algunos muy problemáticos), y en que el cálculo de un indicador objetivo de verdad podría aportar bastante luz.
• También sería muy conveniente, aunque no esté directamente relacionado, controlar bien las prácticas abusivas de los comerciales subcontratados de las compañías eléctricas, que afectan de manera especial a los consumidores más vulnerables (menos informados y menos formados).
• Finalmente, hemos hablado mucho de las buenas experiencias de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, muy proactivas en este tema. Pero a mí personalmente me gustaría subrayar que un problema de justicia social como este no debería dejarse al albur de si vives en una ciudad comprometida con el problema o no…debería haber una regulación estatal que asegurara un mínimo.