Iniciativas públicas que se están llevando a cabo en España para paliar la pobreza energética

En el actual debate instalado en la sociedad por la crisis económica, la pobreza energética ha llegado para quedarse. Algunas pruebas de ello son que bajo la búsqueda “pobreza energética” encontramos 208 mil entradas en Google; las acciones mensuales contra la #PobrezaEnergética en varias ciudades de España; el interés creciente de los medios de comunicación en el tema, donde podemos encontrar algunos ejemplos de abuso o mal uso del término o que el último programa de Salvados de La Sexta, buen medidor del clima social en nuestro país, se ocupase de este tema. Sin duda, una de las partes más comentadas del programa fue la referida a la entrevista con Eduardo Montes, presidente de UNESA, la patronal eléctrica. Destaco dos puntos de esa entrevista que merecen mayor reflexión: el primero hace referencia a qué es pobreza y qué es pobreza energética; el segundo es que aunque las eléctricas no pueden sustituir obligaciones que tiene el Estado, sí será necesaria su colaboración en algunas de las medidas a implantar. En mi anterior entrada me ocupaba del primer punto, quedando evidente la necesidad de establecer una definición y medida de la pobreza energética para poder cuantificar cuidadosamente el número de personas afectadas y saber sus características. En esta entrada me voy a ocupar del segundo, tratando de averiguar primero cómo se trata de combatir la pobreza energética desde las instituciones públicas españolas. En una próxima entrada me ocuparé de analizar las distintas iniciativas que tiene el gobierno británico en colaboración con las compañías energéticas para luchar contra la pobreza energética. 

Las Directivas de mercado interior de electricidad (2012/72/CE, Cap. II, Art. 3.7) y gas (2009/73/CE, Cap. II, Art. 3.7) invitan a los Estados miembros a elaborar planes de acción para paliar las situaciones de pobreza energética. A este res­pecto, cada uno de los Estados miembros deberá definir el concepto de consumidor vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de dichos consumidores en períodos críticos (tregua invernal). España transpuso estas Directivas en el RDL 13/2012, pero de forma incompleta. En el Art. 1.19, mediante disposición transitoria, se establece que hasta que se desarrolle una definición de consumidor vulnerable (de energía eléctrica), se considerará como tal al que esté acogido al Bono Social. El RDL 6/2009 aprobó el Bono Social eléctrico, cuya implantación ya fue comentada en este blog aquí. Bajo la tarifa de último recurso (TUR), pueden acogerse a esta medida cuatro colectivos: a) hogares con una potencia contratada inferior a 3 KW; b) los pensionistas con 60 o más años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente, o viudedad; c) las familias numerosas y d) los hogares en los que todos sus integrantes se encuentren en situación de desempleo. Este Bono ha de solicitarse a la empresa comercializadora de referencia y se disfruta por dos años prorrogables de manera sucesiva. Dos puntos a señalar: aún no se ha establecido un Bono Social para el gas; El Estado debería mejorar el Bono actual para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares (determinantes ambos de la pobreza energética), y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. FACUA ya ha denunciado al Gobierno de España ante la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva del mercado interior de electricidad. 
A nivel de CCAA, Cataluña es la única que cuenta con un Decreto Ley para que no se pueda cortar la luz ni el gas, desde noviembre hasta marzo, a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica, que entró en vigor el 1 de enero. Esto se ha hecho a través de una modificación del Código de Consumo de Cataluña, que ahora incluye una definición del consumidor vulnerable. En particular, se consideran personas en situación de vulnerabilidad económica aquellas que forman parte de una unidad familiar con un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de la Renta de Suficiencia, a la cual hay que añadir un 30% a partir del tercer miembro; que no puedan reducir su consumo de bienes e inmuebles; y que acrediten tener contratados los suministros energéticos en la modalidad de tarifas sociales. Se establece además el protocolo de actuación. Esto es, los afectados, una vez reciban el aviso de interrupción del suministro eléctrico o de gas, tendrán que presentar en el máximo de diez días un informe de los servicios sociales que acredite el cumplimiento de los anteriores requisitos. Una vez acreditada esta información, las empresas suministradoras suspenderán el proceso de interrupción de sus servicios energéticos entre los meses de noviembre y marzo. El acuerdo al que se llegó con las compañías suministradoras es que las deudas que se acumulen se pospondrán en las condiciones que acuerden los usuarios y las compañías, y se podrán pagar entre los meses de abril y octubre siguientes. Ya en octubre de 2013, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, actuando de oficio, había publicado un Informe sobre la pobreza energética en Cataluña en el que pedía una tregua invernal a los cortes de luz, gas y agua por impago para las familias en riesgo de exclusión. Se proponía además establecer un precio social para el butano y tarifas progresivas para el agua. 
También a  principios de año, la Comisión de Políticas Sociales del parlamento de Navarra, aprobó dos mociones en las que se insta al Gobierno a: elaborar un un plan de prevención y lucha contra la pobreza energética, con medidas de apoyo a las familias que no pueden hacer frente a los consumos energéticos básicos del hogar; diseñar un plan de choque para evitar el corte del suministro energético a las familias en situación de vulnerabilidad social (sesión del 15 de enero). A su vez, el parlamento de Galicia solicitó a la Xunta que estudie medidas para paliar las necesidades energéticas de la población en riesgo de exclusión social, y que además demande al Gobierno del Estado la definición del consumidor vulnerable al que se refiere la nueva ley del sector eléctrico (sesión del 7 de febrero). En el País Vasco, el parlamento debatirá este mes si se llevarán a cabo iniciativas como la catalana. La Diputación Foral de Gipúzkoa publicó en septiembre de 2013 un informe muy exhaustivo sobre la pobreza energética en este territorio. Sus resultados se basan en la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social (EPESG) realizada en 2012 por la Diputación, y que incluyó una batería de preguntas relacionadas con la pobreza energética. En Álava, las Juntas Generales aprobaron una iniciativa para instar a las administraciones públicas a que impidan la interrupción por impago de los suministros de electricidad, gas o agua. Además, se insta al Gobierno Vasco a que garantice el dinero necesario para las Ayudas de Emergencia Social y que se incluya el gasto energético como concepto a financiar. La iniciativa también incluye la elaboración de un informe sobre la pobreza energética en esta Diputación. A finales de año, Andalucía anunció la elaboración de un plan para garantizar “los suministros mínimos vitales” de luz y agua a los andaluces en riesgo de exclusión social y que perciben el llamado Salario Social, pero todavía no se ha llevado al parlamento. Si seguimos el debate parlamentario, vemos que la oposición intenta impulsar medidas de este tipo en otras comunidades, algunos ejemplos son Aragón y Castilla y León. Estaremos pendientes de todas las evoluciones. 
Encontramos intentos de paliar el problema de la pobreza energética también a nivel de entidades locales. Centramos la búsqueda en iniciativas con ayudas específicas para las personas sin recursos económicos que sufren o pueden sufrir cortes de suministro de energía y agua en sus viviendas. Esto necesita hacerse con la estrecha colaboración de los servicios sociales. Tras un barrido rápido de la prensa, este es el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos de Barcelona, BilbaoCórdoba o Girona, que cuentan con partidas específicas. En Barcelona, las ayudas que Cáritas destina a paliar la pobreza energética de las familias se han disparado un 326% en dos años.
Destacable es el caso del ayuntamiento de Zaragoza, donde la fundación ECODES ha puesto en marcha un proyecto piloto de acción contra la pobreza energética, Ni un Hogar sin Energía. Se trata de  un proyecto pionero en nuestro país que consiste en un estudio individualizado de 15 hogares desfavorecidos del barrio de San Pablo, y en el que intervienen técnicos especializados y los servicios sociales. En una primera fase, se monitorizan los consumos energéticos, temperatura y humedad de cada vivienda (al menos durante 4 días) y se analizan las facturas energéticas de meses anteriores para tratar de caracterizar su demanda energética. Con esta información se emite un informe personalizado que incluye el coste económico de utilizar cada uno de los equipos, recomendaciones y hábitos a cambiar. En una segunda fase, se organizan talleres de formación en hábitos y soluciones de ahorro energético en el hogar en los que se explicará cómo entender las facturas energéticas, qué tipo de contrato puede interesar más en cada caso o cómo utilizar los aparatos eléctricos. El ayuntamiento colaborará con una aportación de 75 euros por vivienda para la implementación de algunas de las medidas propuestas en el informe, tales como: burletes en ventanas y puertas, enchufes programables, reflectores en radiadores, bombillas de bajo consumo, regletas con interruptor, placas de poliestireno, aislamiento para cajas de persianas, aislamiento adhesivo para cristales, perfiladores de agua…La última fase es una auditoría para evaluar la incidencia de los cursos impartidos y las medidas adoptadas. Se prevé que los resultados del proyecto estén disponibles a finales de marzo. La idea es que, si demuestran ser eficientes, esta experiencia se extienda a otras zonas del ayuntamiento. 
Además de las políticas sociales que hemos visto, en las que conviene ahondar más tanto en diseño como en dotación, queda manifiesta la necesidad de impulsar una política estratégica a nivel estatal, coordinada con las CCAA, donde la eficiencia energética de la vivienda sea la apuesta. Ello requiere dotar a dicha política del presupuesto económico necesario para apoyar un programa de rehabilitación energética, ya que gran parte del parque inmobiliario español fue construido antes de la entrada en vigor de la antigua norma NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios. Dicho programa debería priorizar además a los hogares que padezcan pobreza energética. Este es el sentido que apunta la Directiva relativa a la eficiencia energética (2012/27/UE, Cap. II, Art. 7.7a). El proyecto europeo EU-GUGLE  podría servir de guía en cómo hacerlo. Su objetivo es demostrar la viabilidad de realizar rehabilitaciones de “casi cero energía” en 6 ciudades piloto, a nivel de barrio, para que puedan ser aplicados a gran escala en toda Europa a partir de 2020.  El proyecto se desarrollará durante cinco años, hasta 2018, y tiene un presupuesto total de 30 millones de euros, de los cuales 1,6 se destinarán al municipio vizcaíno de Sestao, único representante español en el proyecto. Con ellos se prevé la renovación de 24.500 metros cuadrados de espacio habitable (vivienda y equipamientos) para tratar de obtener un ahorro de energía del 56% en el espacio intervenido, cuatro bloques de viviendas del barrio Txabarri-El Sol construidas en 1890. Entre las actuaciones que podrían llevarse a cabo están la modificación de las ventilaciones de los edificios, la utilización de materiales sostenibles, la instalación de calderas de biomasa y los aislamientos térmicos. En el estudio elaborado por ACA en 2012 podemos encontrar una lista de la políticas de eficiencia energética llevadas a cabo en nuestro país (pp. 98-101).
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