Un nuevo número de Papeles de Energía, en este caso sobre un tema de rabiosa actualidad: el despliegue renovable en el mundo rural. Dedicado al recientemente fallecido Domingo Jiménez Beltrán.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece los objetivos de descarbonización de la economía española para 2030, plantea alcanzar un 42% de energías renovables sobre el consumo de energía final, como medio fundamental para lograr el 23% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero previstas para ese año. Esto supone un 74% de contribución de renovables a la generación eléctrica, y requerirá instalar aproximadamente 20 GW de energía eólica (actualmente existen 30 GW), y 20 GW de energía solar fotovoltaica (adicionales a los 20 GW ya instalados). Es decir, en 7 años será preciso casi doblar la potencia instalada de estas tecnologías. Si bien el autoconsumo, sobre todo ayudado por la crisis de precios, ha experimentado un aumento muy significativo, la gran mayoría de esta potencia se instalará, con mayor probabilidad, en terrenos rurales, para aprovechar las economías de escala asociadas al mayor tamaño de estas plantas, y la mayor facilidad y menor coste de instalación. Existe numerosa actividad al respecto, y de hecho, según informa Red Eléctrica de España, existen ya 70 GW eólicos y 117 GW fotovoltaicos con autorización de conexión, la gran mayoría en entornos rurales.
Pero, por otro lado, muchos de estos proyectos están sufriendo retrasos para su entrada en servicio por problemas de autorización administrativa-ambiental, y también por una oposición local que está llevando incluso a algunos gobiernos regionales a posicionarse en contra de muchos de los proyectos. Esto claramente plantea una situación compleja: el despliegue renovable a gran escala parece imprescindible para alcanzar los objetivos previstos con eficiencia de costes, pero por otro lado también es absolutamente necesario incorporar las preocupaciones de las poblaciones afectadas, si no se quiere que la transición energética, y la descarbonización asociada, se ralentice innecesariamente. En este sentido, las propuestas de la Comisión Europea en el marco de la guerra en Ucrania, de eximir a las instalaciones renovables de algunos trámites, pueden incluso enconar el conflicto.
Desde Papeles de Energía creemos, quizá ingenuamente, en la fuerza de la infomación y del diálogo para resolver este tipo de situaciones, y por tanto hemos querido dedicar este número a exponer los distintos puntos de vista alrededor de esta cuestión, contando con informes sobre percepción ciudadana, y puntos de vista de ayuntamientos, de empresas promotoras, de académicos, y de organizaciones sociales.
En primer lugar, Braulio Gómez, de la Universidad de Deusto, presenta los resultados de una investigación que trata de identificar el peso de los grupos que han manifestado rechazo al desarrollo de los grandes parques renovables, así como conocer las razones y argumentos de su oposición. Se utilizó una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, de forma que los hallazgos de la primera pudieran ser utilizados en la segunda. La fase cualitativa consistió en la realización de grupos de discusión, mientras que la cuantitativa se utilizó una encuesta representativa en distintas zonas afectadas por el desarrollo de energías renovables.
Los resultados de la investigación muestran que, en general, la población afectada tiene poca información sobre los proyectos. Y, aunque en principio hay una percepción positiva sobre las energías renovables, muchos no conocen cómo contribuyen a solucionar la crisis climática. Esta falta de información a su vez hace que parte de los habitantes se posicionen automáticamente en contra, y se movilicen más que los que puedan estar a favor. Según la encuesta realizada, los que consideran que los impactos son negativos son una minoría ruidosa (entre un 9% y un 15%), frente a una mayoría que oscila entre la simpatía o la indiferencia. Sin embargo, hay un consenso generalizado en la desconfianza hacia las empresas promotoras y hacia la clase política que debe regular los procesos; o en el reparto injusto de los beneficios que generan los proyectos, en su carácter cortoplacista y limitado. Por último, también es interesante, e incluso sorprendente, mencionar que la mayoría de los encuestados, y más aún los opositores, dan más importancia al crecimiento económico que a la protección del medio ambiente.
Frente a estos problemas, las soluciones se centran en disponer de información oficial y fiable y en contar con un reparto justo tanto de la energía como de la riqueza que pueda generar la infraestructura. Será preciso generar espacios asociados a estas infraestructuras donde puedan encontrarse y participar empresas, instituciones públicas, representantes de la comunidad científica y de la sociedad civil, y donde se puedan alcanzar pactos energéticos locales que incluyan la redistribución de la riqueza y la información necesaria.
También tratando de entender las percepciones de los afectados, Víctor Viñuales y Mario Rodríguez, de ECODES, comparten las conversaciones que han mantenido con los distintos actores que participan en el desarrollo de renovables. Desde su punto de vista, los conflictos que aparecen relacionados con las renovables obedecen a distintas causas que se suelen solapar, pero que es necesario distinguir para aportar soluciones.
Los principales motivos de oposición son: la consideración como “zonas de sacrificio” para que otras regiones con mayor renta se beneficien; los daños a la biodiversidad; los valores paisajísticos; la falta de equidad en el reparto de beneficios; la soberanía energética; la asociación con las grandes empresas; el argumento de que el despliegue fotovoltaico debería hacerse en los tejados; y la falta de información y transparencia.
Frente a estas causas de oposición, los autores defienden un modelo que, desde la prioridad en el ahorro y eficiencia energética, se equilibre territorialmente la generación con la demanda. Ven fundamental una planificación energética y territorial vinculante; un fomento del autoconsumo colectivo y comunidades energéticas; establecer una hoja de ruta planificada; y un esfuerzo de información y comunicación por parte de las administraciones públicas; crear mecanismos de compensación territorial; asegurar la competencia de las pequeñas entidades en las subastas renovables; promover la creación de industria local; o la obligación de evaluaciones ambientales estratégicas.
Los resultados mostrados en los dos primeros artículos se confirman en el texto de la alcaldesa de Asparrena, en el que presenta la visión de su municipio sobre cómo deben desarrollarse las energías renovables. La alcaldesa recuerda que el territorio y la energía son bienes comunes, que por lo tanto deben dar servicio a la comunidad. Y que este servicio debe hacerse vía participación en los proyectos, vía reducción de precios de la electricidad, vía compensaciones socioambientales, o todas ellas combinadas. Y que, además, esto debe hacerse en el marco de un ejercicio de planificación consensuada, en el que se dé prioridad al ahorro y al equilibrio.
Mensajes similares son los que transmiten Jorge Díaz Lanchas, de la Universidad Pontificia Comillas, y Alejandro Labanda, de beBartlet. Los autores contrastan la percepción más positiva que existe en los entornos rurales acerca de las actuaciones para luchar contra el cambio climático, con la oposición a los grandes desarrollos renovables. Así, utilizando datos del CIS, muestran cómo el porcentaje de población que considera que hay que hacer cambios profundos en la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente es significativamente mayor en los pequeños municipios que en los grandes, llegando incluso hasta el 85% en los municipios más pequeños.
Sin embargo, la demanda energética, y también la capacidad logística e industrial, o de trabajadores formados, se concentra en las ciudades, lo que hace difícil trasladar a los entornos rurales los beneficios económicos y de empleo asociados al despliegue de las energías renovables. Como nos recuerdan los autores, la construcción y operación de plantas renovables no genera un número significativo de empleos a nivel local, y por tanto no contribuye de forma directa a mejorar los patrones demográficos y de despoblación que padecen estas regiones.
¿Como pues hacer llegar a estos entornos la mejora que estiman del 0,5-0,9% del PIB, o del 0,2-0,4% de los empleos asociada a las inversiones en energía solar fotovoltaica y eólica? Díaz Lanchas y Labanda proponen una serie de políticas económicas que podrían maximizar la captura por parte de los territorios rurales del potencial económico y social de la transición energética: mayor conectividad logística, un tratamiento fiscal y regulatorio diferenciado mediante zonas económicas especiales, la gestión del acceso a la red, o la exigencia de componentes locales en las subastas renovables.
Tratando de responder a estas demandas, Inmaculada Fiteni, de Endesa, presenta la aproximación de su empresa a través de su enfoque de creación de valor compartido, planteando proyetos que, a través de procesos participativos, consigan la máxima integración con el territorio. Fiteni defiende que es necesario gestionar el proceso de autorización social para viabilizar los proyectos, para integrarlos lo mejor posible y buscar la aceptación social. Así, para cada proyecto que abordan, elaboran un plan específico de desarrollo socioeconómico para la comunidad local: planes de futuro para el cierre de centrales de carbón, y planes de creación de valor compartido para proyectos de construcción renovable.
En lo que se refiere particularmente a los segundos, que Endesa lleva aplicando desde 2016, su objetivo es trabajar con las comunidades locales para conseguir la máxima integración territorial. Para ello utilizan una metodología muy estructurada con cuatro fases: un análisis socioeconómico, político y medioambiental del territorio, que permite detectar los temas relevantes para la comunidad; el contacto directo en terreno con los agentes locales para presentar el proyecto y detectar los temas más sensibles; en diálogo con los agentes y de forma participativa se define el proyecto; que en la última fase se ejecuta y monitoriza.
Más allá de la especificidad local, cada plan tiene tres ejes: la construcción sostenible, fomento de la economía local, y sostenibilidad del consumo de los municipios (con instalación de autoconsumo, monitorización e iluminación eficiente).El fomento de la economía local se realiza mediante programas gratuitos de formación y reciclaje profesional en nuevos sectores con potencia; contratación de trabajadores y pymes locales; e iniciativas para compartir el uso de la tierra. Como un ejemplo de estos planes, Fiteni presenta el plan ganador del concurso de acceso al nudo de red Andorra-Mudéjar, y que la compañía entiende como un gran proyecto de futuro para la zona.
Confío en que de este intercambio de puntos de vista pueda surgir un diálogo productivo que permita avanzar, a la velocidad necesaria, en el despliegue de energías renovables tan necesario para la descarbonización de la economía española, y también para el desarrollo e integración de las zonas rurales.
No quiero cerrar esta introducción sin dedicar con mucho cariño este número a Domingo Jiménez Beltrán, fallecido unos días antes de su publicación. Domingo fue uno de los grandes líderes de opinión en materia de transición energética y sostenibilidad en España y en Europa, con una perspectiva global, pero actuando a nivel local. Firme en sus convicciones, pero siempre abierto al verdadero diálogo, es decir, a la conversación con los que no pensaban como él. Creyente tanto en las energías renovables como en el respeto al territorio. Estoy seguro de que le hubiera encantado leer este número de Papeles de Energía. Descanse en paz.
Economics for Energy Blog 