¿Cómo proteger nuestra transición a la descarbonización?

Como en otras ocasiones, reproduzco en el blog la tribuna de opinión que hoy publico en El País.

En las últimas semanas ha quedado claro que el camino a la descarbonización de nuestras economías no será fácil. A pesar de que la población de los países avanzados declara una preocupación creciente por los problemas del cambio climático, se multiplican las protestas ante el aumento de los precios energéticos causados por las políticas climáticas y en algunos lugares empieza a discutirse la acelerada expansión de las renovables. El fenómeno, que empieza a sentirse con fuerza en España, es generalizado; como botón de muestra, el resultado negativo del referéndum suizo del pasado domingo sobre la ley de cambio climático, avalada por casi todas las fuerzas políticas. Aunque son muchos los factores que explican la disparidad entre deseos y praxis de la población, sin duda las cuestiones distributivas (quiénes, aparentemente, se benefician y quiénes asumen los costes de la transición) juegan un papel fundamental.

No deja de sorprender que la solución a un problema esencialmente distributivo como el cambio climático, causado por las mayores emisiones de los más pudientes y sufrido por los que menos tienen por su menor capacidad de adaptación (entre países y dentro de cada país), acabe siendo obstaculizada precisamente por cuestiones de equidad. Particularmente porque sabemos que los costes de mitigación del cambio climático son modestos en conjunto, ya que la aparición de nuevos sectores y actividades compensa los daños al tejido productivo actual y, desde luego, están muy alejados de los inmensos costes de no afrontar este problema y otros fenómenos ambientales asociados a la combustión fósil. ¿Cuál es el escollo entonces? Tan simple como que esos favorables cálculos agregados esconden la concentración de los costes en grupos específicos, de ciertos territorios, actividades o niveles de renta. 

También es sorprendente que encontremos estas piedras en el camino precisamente en la salida de la crisis pandémica, que supuestamente iba a ser ‘verde’. O no: en este momento se juntan las heridas del coronavirus que, de nuevo, ha afectado más a los que menos tienen, con una intensificación de las políticas climáticas que haga posible el cumplimiento de los ambiciosos objetivos acordados en París en 2015. Estamos, al fin, pasando de las palabras a los hechos y por ello comienzan a manifestarse las disrupciones asociadas a un proceso de cambio estructural. Desgraciadamente, el margen de maniobra para afrontar el problema climático y conseguir los objetivos acordados se hace cada vez más pequeño y paralizar ahora las políticas correctoras que faciliten la transición, algo que hemos visto en España durante demasiado tiempo, no es una opción. No lo es desde el punto de vista ambiental, ni económico, ni, sobre todo, de equidad social. No podemos permitir que la bola de nieve crezca más y haga imposible su gestión a unos costes socioeconómicos razonables.

En este contexto, ¿cómo diseñar una hoja de ruta que salvaguarde la transición y sea aceptable socialmente? En primer lugar, aprovechando el viento favorable de cola: las alternativas de mitigación climática –renovables implantadas de forma ordenada y sostenible, baterías o productos eficientes energéticamente– son cada vez más baratas. Además, las grandes economías del planeta están empezando a alinear sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y esto limitará los efectos perniciosos sobre la competitividad. En segundo lugar, es imprescindible minimizar los costes de la política climática para, así, reducir también sus costes distributivos. Sabemos que opciones descentralizadas, como los precios de carbono, son altamente coste-efectivas y por ello debemos seguir apostando por ellas.

No obstante, el nudo gordiano distributivo sigue intacto e impedirá la progresión si no tomamos medidas adicionales. Probablemente sea necesario, en primer lugar, abandonar el relato rosa de la transición energética y dejar claro a la ciudadanía que será un camino lleno de obstáculos para llegar a una situación sustancialmente mejor en el medio y largo plazo. Conviene subrayar, en este sentido, que los impactos económicos y distributivos de no actuar desde ya serán muy negativos. En segundo lugar, para poder transitar ese camino pedregoso, será necesario diseñar y aplicar inmediatamente medidas distributivas compensatorias para los más afectados por el proceso de descarbonización. Bajo mi punto de vista, estas medidas han de tener varias características: deben preservar, no obstaculizar, la actuación correctora de la política climática; deben concentrarse exclusivamente sobre los más vulnerables (territorios, sectores y grupos de renta); y deben ser capaces de revertir íntegramente los efectos negativos en el corto plazo y de resolver el problema distributivo en el medio plazo.

No tiene sentido, por ello, retrasar el progreso de la transición manteniendo artificialmente bajos los precios de los productos energéticos, en particular los combustibles fósiles, para proteger a los que menos tienen. Primeramente, porque esto evita que se adopten los cambios de comportamiento e inversión necesarios para la corrección climática, engordando aún más la bola de nieve a la que me referí antes. Por si fuera poco, estas medidas tan burdas acaban beneficiando, con la excusa de proteger a ciertas capas sociales, a los que más tienen por sus elevados consumos energéticos. Precisamente por eso no tienen sentido estrategias compensatorias generalizadas, de ‘café para todos’, y urge ser muy selectivo en su aplicación. De entre ellas destaca lo que podríamos denominar ‘cheque verde’, una cantidad monetaria que sirva para compensar íntegramente solo a determinados grupos por los costes extra ocasionados por la acción de la política climática sin menoscabar los incentivos a la eficiencia energética o al cambio de combustibles. Nos encontramos en este caso ante medidas sofisticadas, personalizadas, que hoy podríamos definir e implantar sin demasiadas dificultades en un país como el nuestro.  

El cheque verde serviría para compatibilizar una política climática efectiva con la protección en el corto plazo de aquellos especialmente perjudicados por la transición. Pero para resolver los problemas distributivos en el medio plazo sería necesario actuar de forma decidida sobre el origen de los efectos: el equipamiento. Muchos grupos afectados tienen dificultades para reaccionar a los impactos de la transición porque no cuentan con los medios para renovar, por ejemplo, su vehículo o sistema de calefacción. Desafortunadamente, los programas públicos actuales para sustitución de equipamiento son manifiestamente mejorables en cobertura e intensidad. No es el momento de aproximaciones generales que, de nuevo, acaban beneficiando a los que menos lo necesitan y cuya efectividad ambiental es discutible porque muchos de los beneficiarios habrían accedido al nuevo equipamiento sin esas ayudas. Sin embargo, concentrando estos programas en determinados grupos sectoriales, territoriales o por nivel de renta, y cubriendo gran parte del coste del cambio de equipamiento, conseguiríamos atajar verdaderamente los impactos distributivos de las políticas climáticas en el medio plazo. No olvidemos, además que estas políticas tendrían un efecto de arrastre considerable sobre los nuevos sectores verdes, generando nuevos empleos, y reducirían aún más el coste de las tecnologías limpias. En resumen, un círculo virtuoso.

Es el momento, en fin, de dar un acelerón y un volantazo a nuestras políticas climáticas. Debemos continuar aumentando su intensidad y simultáneamente dedicar abundantes recursos públicos, que pueden provenir de la propia aplicación de dichas políticas, a reducir sus impactos distributivos de una manera selectiva y rotunda. 

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