El RDL 15/2018 desde una perspectiva de justicia energética y derecho a la energía (II)

Continuamos con el análisis de Sergio Tirado sobre el RDL 15/2018

Protección frente a desconexiones de suministro y principio de precaución

No es un problema menor en absoluto, sobre todo dadas las consecuencias sobre el bienestar de los hogares de una desconexión o amenaza de desconexión. Según recogíamos en nuestro último informe de ACA,  datos de la Encuesta de Condiciones de Vida indican que en 2016 hubo un mínimo de 900.000 personas en toda España que debido a dificultades económicas, dejaron de disponer de alguna de sus fuentes habituales de energía. El RDL 15/2018 trae algunos avances en este punto ya que amplía la protección frente a cortes del RD897/2017 al incorporar hogares en los que vivan menores de 16 años, con dependencia reconocida de grado II o III, o con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

No es del todo comprensible por qué el RDL 15/2018 protege a tan solo una parte del (tirando por lo bajo) millón de personas que sufren cortes de suministro en España al año. El contraejemplo evidente en este caso es la ley 24/2015, del Parlament de Catalunya, que impide el corte de suministro de agua, gas o electricidad a todos los consumidores definidos como vulnerables por servicios sociales, pero que es de aplicación solo en Cataluña. Aplicando el principio de precaución, las comercializadoras deben consultar con servicios sociales antes de efectuar cualquier corte para asegurarse de que no se trata de un hogar en situación de exclusión residencial.

Extender este nivel de protección al resto del Estado es prioritario para igualar derechos “por arriba” y garantizar este nivel de protección – probablemente pionero en la UE – a todos los consumidores vulnerables de España. Esta propuesta estaría en línea con los pronunciamientos del Defensor del Pueblo al respecto. En su recomendación al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para la definición del concepto de consumidor vulnerable en materia de energía eléctrica a raíz de la aprobación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, sus consideraciones son claras al respecto: “El suministro eléctrico es esencial para una vida digna y una condición imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La alimentación, la educación o la salud de las personas son derechos que se ven afectados por una falta de suministro eléctrico, que aboca a la exclusión social. Dado su carácter instrumental se debería avanzar hacia el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho subjetivo que, como tal, ha de ser protegido y amparado por los poderes públicos.”

Alternativamente la protección de hogares frente a cortes de suministro se podría establecer por medio de una potencia mínima garantizada y gratuita que sustituya el corte de suministro al estilo de lo que se hace (de forma temporal antes del corte) en Italia. Este enfoque podría combinarse con el de tarificación en bloques incorporando un primer bloque de consumo a coste cero para consumidores vulnerables. La tarificación en bloques se utiliza regularmente en la  provisión de agua en ciudades españolas y es una medida que la OCDE recomienda para mejorar la asequibilidad del servicio.

Contratación de potencia en múltiplos de 0,1 kWs

Se sabe que una gran mayoría de los consumidores domésticos y profesionales en España tienen más potencia contratada de la necesaria sin que haya ningún mecanismo que empresas y gobierno para corregir esta anomalía. Reducir la potencia hasta la máxima necesaria es fundamental para consumidores vulnerables y beneficioso para una gran mayoría de hogares. La posibilidad de contratación de potencia en pasos de 0,1 kW introducida por el RDL 15/2018 es positiva pero no es ni mucho menos el principal obstáculo. En la actualidad bajar la potencia contratada tiene un coste de 10,94€ pero la subida cuesta hasta 44,86 €  por kW. Además, al aumentar la potencia contratada distribuidora eléctrica puede pedir el boletín de reconocimiento de instalaciones de baja tensión si éste ya está caducado (a los 20 años) o si el vigente marca una potencia máxima inferior a la nueva solicitada. La obtención del boletín tiene un precio promedio de más de 100€ en el mejor de los caso en que no haya que hacer alguna modificación al sistema eléctrico de la vivienda. Además, si en menos de un año se vuelve a pedir otro cambio la distribuidora podría denegarlo y se tendría que esperar ese tiempo para hacer la modificación. Se entiende que con estos condicionantes muchos hogares sean reacios a bajarse la potencia contratada, lo que demuestra la importancia de los procedimientos en términos de justicia energética.

Bono social térmico

Es una de las principales novedades del RDL 15/2018. Parece una medida inspirada por el Cold Weather Payment y el Winter Fuel Payment del Reino Unido y se aplicará en forma de una transferencia automática de un pago anual a la cuenta corriente de los perceptores del bono social eléctrico. Su cuantía dependerá de la zona climática en la que se encuentre el hogar: 25 euros para los vulnerables de zonas cálidas y 130 euros para las zonas más frías. Se entiende como una medida electoralista que busca una implementación rápida y un impacto inmediato, dado la incertidumbre en el contexto político presente. Su pervivencia en el futuro dependerá de prioridades políticas y presupuestarias y como en el caso de bono eléctrico no llegará a muchos hogares vulnerables en 2019. Además hace una interpretación simplista de las necesidades de confort térmico al hacerlas depender las temperaturas exteriores cuando la demanda de calor doméstico está social y materialmente construida y depende de las características energéticas de la vivienda y sus equipamientos y de las necesidades y prácticas energéticas del hogar.

Contadores “inteligentes”

Tan solo aparecen de forma tangencial en el RDL 15/2018 como herramienta para la obtención de potencias máximas a pesar de que se trata de una tecnología que está alterando de forma drástica el negocio de suministro de electricidad. El modelo de contador de telegestión, cuya instalación en todos los hogares residentes en España está previsto que finalice en 2019, es un ejemplo de cómo un mal diseño replicado en millones de unidades tiene efectos negativos para los consumidores domésticos a gran escala. Como explica Jorge Morales de Labra, al no ofrecer datos de consumo en tiempo real, el nuevo contador no le sirve al consumidor para nada, salvo para que la eléctrica tenga almacenados registros detallados de la distribución de su consumo de energía”. El acceso a los datos detallados de consumo eléctrico se hace a través de páginas web difíciles de encontrar como esta que además solo ofrecen información con un retraso varios días o semanas. En la práctica esto resulta en que las empresas distribuidoras tienen acceso a una cantidad ingente de datos de consumo eléctrico muy detallados que muy pocos usuarios saben qué existen o cómo utulizar. Estos contadores están de hecho desempoderando a los consumidores eléctricos frente a las empresas propietarias de los aparatos de medida, es decir, frente a las cinco grandes empresas que en España se reparten en régimen de monopolios locales y regionales las redes de distribución y son además propietarias de los contadores (Endesa, Iberdrola, Naturgy y, en menor media, Viesgo y  EDP). De esta manera las comercializadoras de mercado libre pueden utilizar datos recogidos por la compañía distribuidora de su matriz empresarial para reforzar su posición dominante en el territorio donde monopolizan la distribución a la hora de hacer publicidad o venta telefónica. Podría pasar, por ejemplo, que Endesa Distribución le facilite datos de consumo individual a Endesa Energía S.A. Unipersonal para hacer una oferta aparentemente más ventajosa y ajustada al patrón de uso horario de electricidad de un consumidor que pretende cambiar su contrato a otra comercializadora.

Por otra parte, los datos recopilados por los contadores de telegestión son fundamentales para recomendar una potencia máxima a contratar o para reducir la factura por medio de una tarifa con discriminación horaria, como hace por ejemplo el servicio Infoenergia de Som Energia.

El agua corriente como pobreza energética

El agua no se considera como un componente de la pobreza energética a pesar de que al menos un 50% del agua consumida en una vivienda concentrada en España se utiliza en combinación con insumos energéticos en la provisión de servicios energéticos, sobre todo los relacionados con la higiene y la cocina (ducha, lavabo, cocina, limpieza, etc.). No existe reconocimiento de este nexo ni en la literatura de pobreza energética ni en las políticas públicas en España y la UE. La excepción son la Alianza contra la Pobreza Energética y el Ayuntamiento de Barcelona que de forma explícita incluye el agua corriente en su programa de defensa de los derechos energéticos de los ciudadanos. El RDL 15/2018 menciona el agua en la definición del bono social térmico por lo que puede entenderse la intencionalidad de que los pagos anuales de entre 25 y 130 euros tengan como objetivo ayudar en el pago de este suministro. Esta conceptualización estrecha de la idea de pobreza energética podría subsanarse en la futura Estrategia Estatal haciendo un reconocimiento explícito del agua como insumo clave para la provisión de servicios de la energía doméstica.

Acceso a vivienda y suministros asequibles

España tiene un grave problema de asequibilidad y acceso a la vivienda recrudecido en los años de la crisis y que tiene su expresión máxima en forma de lanzamientos y desahucios. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) estima que entre 2007 y 2012 se registraron más de 350.000 ejecuciones hipotecarias que dejaron a centenares de miles de familias endeudadas y sin vivienda. En la actualidad los desahucios de hogares viviendo de alquiler constituyen ya el 65% de los registrados por las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Además, hay un número indeterminado de desahucios silenciosos (no registrados) de hogares que por no poder asumir el precio del alquiler abandonan la vivienda sin pasar por una entrega judicial, y también viviendas (re)ocupadas. Como es previsible, existe una conexión clara entre inseguridad residencial y pobreza energética. Según datos de nuestro el último informe de ACA, en 2016  un millón y medio de personas tendría retrasos en el pago de recibos y de alquiler o hipoteca simultáneamente. .

Mientras se debate la necesidad de aumentar el parque de vivienda social de alquiler hasta 1,5 millones de unidades y el gobierno y Ayuntamiento de Madrid y Barcelona anuncian planes para recuperar o ampliar el parque, la realidad es la de un país en el que tan solo el 1,5% es de vivienda pública. El contraejemplo modélico es la capital de Austria, Viena, donde un 32% de la vivienda de alquiler es social. Estas cifras permiten imaginar, en el medio y largo plazo, la posibilidad de crear prácticamente ex novo un parque edificatorio con altas prestaciones energéticas que protejan a los hogares más vulnerables de las inclemencias de los mercados de vivienda y energía.

 

 

This blog post has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No. 752870.

Este entrada de blog ha recibido financiación de la Unión Europea por medio del programa de investigación e innovación Horizonte 2020  bajo el acuerdo de subvención Marie Sklodowska-Curie número 752870

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