Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores

A resultas de mi entrada del otro día, José Luis Sancha, a quien muchos conocéis por su larga experiencia en el sector eléctrico, por su relación con ICAI, y últimamente, por su gran conocimiento de las facturas de la electricidad y gas, y su actividad divulgadora en relación con ello, me envió una serie de comentarios, que, por su extensión e interés, hemos considerado más apropiado publicar como una entrada separada. Aquí la tenéis.

 

Estando básicamente de acuerdo con el análisis de Pedro Linares del acuerdo PSOE-Podemos para los Presupuestos 2019, mi intención no es centrarme en el mismo sino comentar algunos aspectos del “Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores” (en adelante RDL). Hay que tener en cuenta que las medidas contenidas en dicho RDL entraron en vigor ya el pasado 7 de octubre (aun cuando el RDL deberá ser convalidado próximamente en el Congreso) y que muchas de ellas tienen un impacto directo en la factura de los consumidores. Aunque el enfoque del RDL pueda parecer coyuntural, creo que algunas de las medidas adoptadas pueden ser exponente de tendencias de mayor alcance.

Como introducción, es conveniente tener en cuenta que, aunque la Administración no es el único agente en el sistema eléctrico, es evidente su mayor capacidad de influencia. La Administración tiene la responsabilidad de establecer el modelo eléctrico, en congruencia con la política energética y con el resto de objetivos económicos, fiscales, medioambientales y sociales. Tiene además la autoridad para establecer el tratamiento de los costes regulados del sistema eléctrico y los impuestos aplicados. No debemos olvidar, que, para el consumidor doméstico, dos tercios de su factura eléctrica dependen directamente de decisiones administrativas.

Ese doble ámbito de responsabilidad mencionado anteriormente se materializa en decisiones de muy diferente impacto temporal, desde escenarios a largo plazo (sostenibilidad de modelo económico y social, incorporación de energía renovables, reducción del CO2, tratamiento de la pobreza energética, etc.), a medio plazo (muy especialmente la fijación de los peajes eléctricos que se hace en diciembre de cada año) y a corto plazo ante situaciones coyunturales (subida del precio del mercado eléctrico en septiembre pasado, por ejemplo).

Hay que reconocer a la actual Administración, personalizada en Teresa Ribera titular de la cartera de Transición Ecológica, la sensibilidad de captar el estado de opinión de los consumidores eléctricos españoles, muy insatisfechos con el suministro eléctrico por el desconocimiento de las condiciones de contratación, la falta de entendimiento de la factura y la desconfianza en el sistema de fijación de precios.

En su comparecencia ante el Congreso de Diputados del pasado 19 de septiembre, la ministra formuló en voz alta muchas de las preguntas que nos planteamos los consumidores españoles y anunció varias actuaciones que se han concretado en el RDL. Paso a comentar las más importantes.

Prohibir el “puerta a puerta”. (Art. 12). Puede que parezca de menor entidad, pero creo esta medida es la que mejor resume el espíritu del RDL. Desde luego habría sido mucho mejor que las empresas hubiesen establecido un código ético en las relaciones con sus clientes, un código basado en el respeto, en la información sencilla, veraz, completa, dirigida a responder realmente a las necesidades de los consumidores, un código con el que, a la larga, todos, empresas y consumidores, saldrían ganado. Lamentablemente no ha sido así, y ha tenido que ser el Gobierno el que ha prohibido la contratación puerta a puerta (que concentra el 40% de los cambios de comercializador), haciéndose eco de infinidad de peticiones en ese sentido.

Esta medida es un primer paso que marca la dirección de, espero, futuras actuaciones dirigidas a mejorar la formación de los consumidores. Como botones de muestra, solo voy a mencionar un par de datos que reflejan el déficit actual: a) un 70% no entienden la factura de la luz y b) menos del 50% de los potenciales beneficiarios del bono social eléctrico lo han solicitado. Los consumidores tienen una capacidad de actuación que apenas utilizan por falta de información. Adecuar la potencia contratada, orientar el consumo hacia horas valle de precios más bajos (a finales de este año los contadores serán todos digitales), contratar tarifas de acceso con discriminación horaria, beneficiarse de las ayudas sociales, son ejemplos de actuaciones de los consumidores que tendrían un reflejo inmediato en su factura de la luz.

Aumentar la flexibilidad en la contratación de la potencia (escalones de 0,1 kW) es una medida (Art. 16) que ayudará a los consumidores a seleccionar la más adecuada y a reducir este término fijo de la factura, que actualmente tiene un precio anual de 41 € por cada kW contratado.

Profundizar en el tratamiento de la pobreza energética. (Arts. 3 y 4). Por un lado, se amplía un 15% la energía eléctrica sujeta a bonificación, con una mayor flexibilidad en su cómputo anual, y se acoge, dentro del colectivo de beneficiarios, entre otros, a familias monoparentales.

Por otro lado, se establece un nuevo “bono social térmico” (Arts. 6 al 10) en forma de cheque directo a consumidores vulnerables. Esta ayuda está dirigida a aliviar la factura de los hogares en combustibles para calefacción, agua caliente o cocina durante los meses más fríos (octubre a mayo). Se trata de una novedad muy interesante en el esquema del tratamiento de la pobreza energética, ya que se tiene en cuenta la zona climática de la vivienda y el nivel de renta familiar. La única pega que se le puede hacer es que, por el momento, no dispone de dotación alguna. En el caso de que los Presupuestos la dotasen, por ejemplo, con 100 M€/año, el cheque estaría entre 25 €/mes y 100 €/mes, dependiendo de la zona climática.

Simplificar la regulación del autoconsumo (Art. 18), lo que afecta especialmente a los pequeños autoconsumidores (potencia instalada no superior a 100 kW). Se definen únicamente dos modalidades: con excedentes y sin excedentes. Las primeras quedan exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica y las segundas quedan sometidos exclusivamente a los reglamentos técnicos correspondientes. La energía autoconsumida de origen renovable queda exenta de todo tipo de cargos y peajes.

A largo plazo, las medidas de fomento del autoconsumo deberían ayudar a los consumidores a gestionar más eficientemente sus necesidades energéticas.

Finalmente, las medidas directamente dirigidas a bajar el precio de la factura de la luz. Suspender temporalmente (durante los próximos 6 meses) el Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (7%) (Disposición adicional sexta y séptima) y Exención del Impuesto especial de hidrocarburos sobre las centrales de producción que utilizan gas natural (2,33 €/MWh térmico) (Disposición final primera). Si los generadores efectivamente las trasladasen a sus precios de oferta al mercado eléctrico, reducirán el importe total de la factura del consumidor doméstico medio en un 2,2% (aprox. 10 € en los próximos 6 meses para el consumidor doméstico medio).

Resulta realmente paradójico que la chispa que ha encendido el RDL fuese la subida del precio de la luz en el mes de septiembre y que, sin embargo, las medidas dirigidas directamente a rebajarlo tengan un alcance tan limitado. El Gobierno ha preferido poner el foco en aspectos más sociales.

En este ámbito de la política impositiva, habría sido mucho más efectivo suprimir para todos los consumidores el Impuesto especial de la electricidad (5,11%), que reduciría la factura en un 6% (el IVA del 21% también le afecta), lo que supondría 35 €/año para el consumidor doméstico medio. Hay que recordar que a) el importe obtenido de este impuesto no se destina al sistema eléctrico, sino que es una de las fuentes de financiación de las comunidades autónomas y que b) varios sectores industriales (aluminio, cemento y metalúrgico) disfrutan ya desde 2013 de una reducción del 85% de este impuesto.

De cara al nuevo año creo que serían deseables medidas complementarias de mayor calado. El que el precio de la electricidad en España para consumidores domésticos sea significativamente mayor (20%) que el medio de la Unión Europea y el que su senda de crecimiento sea casi tres veces superior a la del IPC, exigirían actuaciones correctoras de carácter estructural, más en la línea de algunas de las consideradas en el acuerdo PSOE-Podemos.

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2 comentarios en “Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores

  1. Cómo matiz. Actualmente el IEE no puede ser eliminado ya que viene dictaminado desde Bruselas. Pero su cuantía podría reducirse a un valor marginal.
    Las CCAA que son las que ingresan está cuantía cederán tan fácilmente?
    Por lo demás de acuerdo en retirarla.

    Buen artículo

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  2. Enhorabuena por el artículo. Es un resumen muy bueno del RDL, con pistas para el futuro. Sin embargo, tengo una matización respecto a lo que se indica sobre el bono social térmico. Sancha comenta que “En el caso de que los Presupuestos la dotasen, por ejemplo, con 100 M€/año, el cheque estaría entre 25 €/mes y 100 €/mes, dependiendo de la zona climática.” Entiendo que está haciendo alusión a la expresión de cálculo de dicho bono que se da en el Anexo I del RDL, que establece un término fijo de 25 € más un variable (positivo o nulo) según la zona climática. Sin embargo, en ningún sitio del RDL se indica que esa cantidad sea por cada mes. En concreto, siembre se pone como unidad “€” y nunca “€/mes”, y en artículo 9.1 se indica “La cantidad consignada en la partida presupuestaria con cargo a la que se financie el Bono Social Térmico en cada ejercicio presupuestario se distribuirá, entre todos los beneficiarios del artículo 8, mediante la concesión de un pago anual.” En el punto 2 del mismo artículo “… en aplicación de la metodología contemplada en el anexo I del presente real decreto-ley.” En el Artículo 10.3 se dice que el pago se llevará a cabo en el primer trimestre del año.

    A modo de ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde por su zona climática el término variable es nulo dado que no hay demanda de calefacción, el Bono aportaría 25 € al año, siendo el gasto anual medio en ACS de un hogar de 3 miembros de 141 € (impuestos incluidos), suponiendo que el ACS la preparen con GLP. Estaríamos hablando, por tanto, de una ayuda de menos del 18% del gasto.

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