Seguridad energética en España: Análisis económico y propuestas de actuación

La semana pasada presentamos nuestro informe sobre Seguridad Energética: Análisis económico y propuestas de actuación. Como siempre, analizamos una cuestión muy relevante para el sector energético español, desde una perspectiva económica.

El objetivo del informe ha sido aportar información cuantitativa que haga posible la incorporación de la seguridad energética al mismo nivel que otros elementos de decisión para la política energética como los costes de suministro o el impacto ambiental. Así mismo identificamos aquellos huecos que aún existen en nuestro conocimiento, y que convendría analizar cuidadosamente para poder ajustar mejor nuestras políticas energéticas y hacerlas más eficientes respecto a este asunto. Resumo a continuación los mensajes fundamentales. Para más información, recomiendo a los lectores acudir al informe completo.

El primer mensaje es que, al contrario de lo que muchas veces se percibe en la conversación sobre este asunto, la seguridad energética no es sólo un problema de falta de suministro de energía. También, y como dice la Agencia Internacional de la Energía, hay un componente de precio, que afecta de manera importante a nuestras economías. La volatilidad de los precios, entendida como la falta de estabilidad de los mismos, y los shocks (que al fin y al cabo son manifestaciones extremas de esta volatilidad) causan unos daños significativos, por la necesidad de las economías de estar ajustándose continuamente, y por nuestra aversión al riesgo.

Y sin embargo, y este es el segundo mensaje de nuestro trabajo, en general, los distintos métodos de evaluación de la seguridad energética planteados hasta el momento no terminan de medir con precisión este concepto. De hecho, tal como nos recuerda Winzer (2012), muchos de los indicadores desarrollados miden cosas distintas, no necesariamente relacionadas con la seguridad energética. Así, de las más de 170 variables utilizadas en estudios previos, sólo 55 tienen que ver realmente con el concepto real de seguridad energética: la capacidad de disponer de un suministro de energía ininterrumpido a costes accesibles.

Quizá la razón principal de esta confusión es que, hasta ahora, se ha tendido a identificar seguridad energética con dependencia energética (esto es, la necesidad de importar fuentes energéticas) o con diversificación (que es una estrategia posible para reducir el riesgo de falta de suministro). Pero estos conceptos no son iguales. Ni la independencia, ni la diversificación, tienen por qué reducir el riesgo de falta de suministro. Para eso hace falta que la diversificación sea real, es decir, que las opciones de diversificación no estén correlacionadas; y que la independencia sea también económica, algo que no sucede para casi ninguna fuente energética.

Así, el informe propone que la forma adecuada de evaluar la seguridad energética sería:

  • En términos de cantidad, debemos medir el coste causado por una falta de suministro, y multiplicarlo por el riesgo de su ocurrencia.
  • En términos de precio, el objetivo es fundamentalmente evaluar el coste de ajuste para la economía de la volatilidad en los precios de la energía, multiplicado por una medida de esta volatilidad.

Además, los costes precedentes deben considerar las características del sistema concreto para los que se evalúan, de forma que se recoja la sensibilidad y resiliencia del sistema a estos cambios. Sólo de esta forma seremos capaces de comparar los beneficios de una mayor seguridad energética con los costes que esto supone, o con los beneficios de otras políticas alternativas u otros objetivos de política energética (como el coste, o el impacto ambiental).

A estos efectos, el informe ha recopilado la evidencia existente en cuanto a los costes de una falta de suministro, o de modificaciones en los precios de la energía, particularmente para el caso de España. No hemos encontrado desgraciadamente estudios que midan el coste económico de una interrupción de suministro de gas o petróleo, ni trabajos que evalúen el impacto de la volatilidad de los precios de la electricidad, lo que evidentemente dificulta la integración de todos los aspectos que conforman la seguridad energética. A este respecto, sería muy recomendable promover la realización de estudios rigurosos que permitieran obtener una panorámica completa de los costes de la seguridad energética en España.

En todo caso, y basándonos en supuestos razonables, la conclusión fundamental es, en un contexto de alta seguridad de suministro como el que disfrutamos, debida a la actual regulación y gestión de los sistemas, el mayor coste para la economía española en la actualidad se debe a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles (en particular petróleo y gas), seguido por el efecto de los shocks de precios de estos combustibles. Este coste puede situarse en una cuantía similar al del precio de la energía, lo cual indica la relevancia del mismo.

Por esta razón, aunque el coste económico de una falta de suministro eléctrico es muy alto por unidad energética (cercano a los 6.000 €/MWh), su baja probabilidad hace que su relevancia práctica sea muy inferior, suponiendo menos de un 1% de su coste.
A la vista de los costes estimados, parece conveniente, por un lado, mantener las estrategias que permiten minimizar el riesgo de falta de suministro, que por otra parte son las más habitualmente utilizadas. Deberían considerarse políticas como la reducción de la intensidad energética; el aumento de opciones alternativas de suministro, incluido el desarrollo de interconexiones, los pagos por capacidad para el sector eléctrico, o el compartir reservas estratégicas con otros países; o la activación de sistemas de almacenamiento o de respuesta de la demanda. También es necesario recordar que, a estos efectos, el hecho de importar o no la energía es sólo un elemento más, pero no necesariamente el más crítico, en términos de riesgo de falta de suministro.

Pero, sobre todo, interesa progresar más en aquellas políticas que aumentan la robustez de la economía frente a eventuales problemas, y sobre todo, en las estrategias dirigidas a reducir la volatilidad de los precios de la energía, que como hemos visto son las que más costes suponen en la actualidad para nuestro país. A este respecto, el uso de fuentes energéticas menos volátiles en sus precios, y de nuevo, el estímulo del ahorro energético y de la flexibilidad, son fundamentales para mitigar esta amenaza para nuestra economía.

Y, por supuesto, es necesario diseñar estas políticas de forma que sean eficientes; es decir, que sus costes sean inferiores a los beneficios que pretenden lograr. A este respecto, y llevados en ocasiones por una excesiva aversión al riesgo, tendemos a promover políticas particularmente ambiciosas, que pueden llevar a niveles de calidad de suministro más costosos de lo que realmente estamos dispuestos a pagar. Sería conveniente reevaluar a esta luz algunas de las políticas existentes en la actualidad.

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