Desde el pasado día 28, fecha en la que tuvo lugar la presentación oficial del Informe de Economics for Energy 2014 sobre pobreza energética en España, las reacciones al mismo en los diferentes medios escritos han sido muy numerosas. Algunas de estas reacciones (la mayoría) han transmitido básicamente una visión resumida del informe con sus datos más relevantes. Otras, sin embargo, han entrado en el terreno de la crítica con mayor o menor rigor.
De todas ellas, creemos que vale la pena dedicar unos comentarios a la realizada por Marta Victoria, José Luis Velasco e Iván Calvo en el blog Econonuestra del diario Público, y que nos ha parecido especialmente sensata y bien formulada.
En primer lugar queríamos transmitirles nuestro agradecimiento por el tono constructivo de su artículo, que siempre es bienvenido en nuestro centro. Sin embargo, no queríamos dejar pasar la oportunidad para comentarlo y responder en este foro a alguna de las cuestiones que aparecen en el mismo.
En su artículo, los autores destacan una serie de puntos que en general comparten con el informe, pero también sacan a relucir dos puntos con los que discrepan, y que son en los que nos gustaría incidir aquí.
El primero de estos puntos se refiere a la conveniencia o no de elegir el indicador basado en el MIS para medir la pobreza energética en España. Su crítica se centra en el valor utilizado para la renta mínima de inserción, concretamente 415,2 €, un valor que se obtiene al hacer la media ponderada con las rentas mínimas de inserción vigentes en las distintas Comunidades Autónomas españolas. Lo que se pone en duda es si este valor es adecuado o quizás demasiado bajo, opción por la que se decantan, argumentándolo en el hecho de que el indicador de pobreza general obtenido a partir de ese MIS es de solo el 10%, cuando el indicador estándar supera el 19%.
Esta crítica nos parece muy pertinente (aunque no tanto el argumento para ello, como luego veremos). Efectivamente, puede ser que la renta mínima de inserción no cubra realmente las necesidades básicas de las familias, y que por tanto estemos subestimando la cantidad de hogares en pobreza o pobreza energética. De hecho, estamos elaborando un análisis de sensibilidad para ver cómo evolucionaría el indicador del MIS en otros escenarios en los que la renta mínima de inserción fuera más elevada. No obstante, queríamos añadir que no teníamos muchas alternativas para elegir otro valor, no al menos sin que esa asignación fuera arbitraria. Por desgracia, en España no existe esa iniciativa que sí existe en Reino Unido y que calcula el valor del MIS a partir de un proceso participativo. Sería una interesantísima propuesta para el futuro pero, desgraciadamente, por el momento no contamos con ella.
Además, existen algunos datos que nos hacen pensar que el valor de pobreza energética que nos indica el MIS (el 9,88% para el conjunto del país), no es un dato demasiado alejado de la realidad. Nos basamos en dos hechos: el primero es que un tercer indicador, el LIHC, ofrece resultados muy cercanos. Lo segundo es que el mismo indicador del 10%, cuando es filtrado por renta, converge de forma muy clara a un valor también cercano al 10%.
Por último, respecto al argumento utilizado para cuestionar la validez de la renta mínima que utilizamos, no nos parece acertado: el valor del 19% que se cita es el que resulta de utilizar como umbral de pobreza el 60% de la renta mediana. Esto, como ya comentamos en el informe, no indica pobreza, sino desigualdad en el reparto de la renta. Por supuesto, y para que quede claro: no decimos que la desigualdad no sea un problema grave contra el que también haya que luchar. Simplemente que no se pueden comparar los dos indicadores, ni utilizar uno para cuestionar el otro, porque no miden lo mismo.
Una segunda discrepancia que destacan los autores con respecto a la posición del informe tiene que ver con la financiación del bono social. La propuesta que realizan sitúa la responsabilidad del pago de este bono social en las empresas del sector eléctrico, y lo justifican en dos aspectos: por un lado, su opinión de que es el aumento de la factura energética (eléctrica, en este caso) el principal responsable de la evolución de la pobreza energética; y por otro lado, su consideración de que las empresas eléctricas obtienen unos beneficios indebidos o al menos muy altos. De nuevo, no creemos que estos argumentos sean válidos.
En primer lugar, es importante recordar que en el informe hacemos especial hincapié en la necesidad de que el nuevo bono social que proponemos incluya todas las fuentes energéticas utilizadas en el hogar, y no sólo la electricidad (que sólo supone un 60% del gasto energético de las familias). Por tanto, en todo caso deberían ser todas las empresas energéticas afectadas, y no las eléctricas, las que costearan el bono. Pero es que además pensamos que esto sigue sin estar justificado.
Primero, porque nuestros datos no indican que el aumento de la factura (por otra parte considerable en el período estudiado) sea el principal responsable de la evolución negativa de la pobreza energética en España. A estos efectos es muy indicativo la figura 7 (pág. 21) del informe en la que se muestra conjuntamente la evolución de la pobreza y de la pobreza energética. Vemos que, con una pequeña diferencia (que puede atribuirse al crecimiento de la factura energética), ambas magnitudes van parejas. Es decir, que parece que el principal factor que contribuye a la pobreza energética es la pobreza general, y no necesariamente el aumento del gasto energético. Evidentemente, para poder determinar en qué medida contribuyen unos u otros habría que hacer un análisis más detallado. Pero creemos que el orden de magnitud de los efectos es el que indicamos.
Tampoco compartimos el segundo argumento: nosotros no defendemos que el bono social sea financiado por los presupuestos públicos para defender a las empresas, sino porque pensamos que, como bien o derecho básico, y como problema de injusticia social, la responsabilidad de afrontarlo corresponde a todos los contribuyentes, y no sólo a los consumidores eléctricos o a las empresas del sector. Si las empresas obtienen beneficios elevados (algo en lo que no entramos aquí) esto debería traducirse en mayores impuestos a percibir por las administraciones públicas. Y si las administraciones públicas no cuentan con recursos para costear estas medidas, habrá que pensar en nuevos instrumentos fiscales como los que planteábamos en nuestro anterior informe, como los impuestos ambientales bien diseñados. Ya sabemos que, desgraciadamente, en muchos países contamos con la perniciosa costumbre de utilizar subsidios cruzados entre consumidores para financiar políticas sociales. Pero creemos más que demostrado que hay maneras mucho mejores de hacer las cosas, por el bien de todos.
En todo caso, y para concluir, nos gustaría agradecer de nuevo el más que bienvenido espíritu constructivo del artículo al que nos referimos, y que desgraciadamente no es habitual en muchos medios. Precisamente en este informe hemos tenido la mala experiencia de este otro resumen, en el que, aunque se describe objetivamente nuestro trabajo, se comienza con un ataque ad hominem, cuestionando una independencia que creemos tenemos ya más que demostrada todos los autores del informe.
José Carlos Romero y Pedro Linares
Economics for Energy Blog 