Caracterizando los emisores de GEI

Según un reciente estudio del científico estadounidense perteneciente al Climate Accountability Institute (Instituto de Responsabilidad Climática) Richard Heede, casi dos tercios, en concreto un 63%, del total de emisiones de dos de los principales gases de efecto invernadero existentes, como son el dióxido de carbono y el metano, en el periodo temporal que abarca desde la revolución industrial hasta el año 2010 pueden ser atribuidas a 90 entidades.
El documento de trabajo lleva por título “Tracing anthropogenic carbón dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854-2010” y se puede consultar en el apartado de publicaciones del Climate Accountability Institute.
En el mencionado estudio se diferencian tres tipos de entidades, las empresas de propiedad privada, las de propiedad estatal, y los conglomerados industriales estatales de los antiguos estados de economía centralizada.

El trabajo, cuya elaboración duró 8 años y que ha sido publicado en la revista Climatic Change, identifica a las industrias del carbón, gas y petróleo de la extinta Unión Soviética con casi un 10% del total de estas emisiones (8,94%) como el principal contribuyente, seguido del carbón y cemento chino (8,56%). En cuanto a las empresas de propiedad privada, destacan las petroleras estadounidenses Chevron y Exxon, así como las europeas BP y Shell. También las empresas de propiedad estatal Saudi Aramco o la gasista rusa Gazprom aparecen en los primeros lugares del ranking. La única empresa española en el ranking en el Repsol, a la que se le imputan un 0,23% de las emisiones.
Siguiendo el hilo del trabajo, y caracterizando las emisiones por sectores, se observa que el petróleo, el carbón y el gas natural concentran casi el 90% del total de emisiones del periodo.
Para el caso Español, un estudio del fundador del extinto Observatorio de la Sostenibilidad, el doctor en Ecología Fernando Prieto, calculó que poco más de un tercio, en concreto el 35%, de las emisiones del año 2011 pertenecen a los llamados sectores fijos, donde se engloba a instalaciones industriales, siderúrgicas, refinerías, energéticas o cementeras. El restante 65% pertenece a los conocidos como sectores difusos donde destacan sobre todo las emisiones asociadas al sector transporte y al sector residencial.
Sirviéndose de los datos del Registro de Nacional de emisiones, Fernando Prieto llegó a la conclusión de que de este 35% atribuido al sector fijo, 10 empresas, principalmente del sector energético, concentran el 65% de las emisiones.
En el tema de lo que se puede derivar de esta caracterización/personificación de las emisiones, es donde surge la mayor controversia.
Por una parte, según la noticia aparecida en el diario El País el pasado 1 de Diciembre, el autor del trabajo de referencia, Richard Heede, ve clave caracterizar los emisores para exigir responsabilidades sociales. También opina sustancialmente lo mismo Fernando Prieto quién aunque no niega la parte de responsabilidad que los ciudadanos tenemos, ésta es mayor para las grandes empresas emisoras de gases de efectos invernadero. 
Sin embargo, otras voces autorizadas, como el profesor Severin Borenstein, de la UC, en su entrada en el blog del Energy Insitute at Haas (titulado Energy Economics Exchange), sostienen que no queda tan claro el hecho de que estas empresas puedan tener esa responsabilidad atribuida. Y es que somos nosotros como sociedad quiénes disfrutamos en mayor medida de la accesibilidad, que sobre todo por su bajo precio, poseen los combustibles fósiles.
En su interesante entrada se muestra indiferente con los movimientos de desinversión en energías fósiles que han surgido, como por ejemplo el de la Universidad de California, ya que lo que se provocaría sería una reducción de la oferta y consecuentemente un encarecimiento de los precios de la energía, nada aconsejable ni deseable, además de que esas plusvalías generadas por el aumento del precio irían a parar al bolsillo de los propios accionistas. 
Mucho más interesante, siguiendo la línea del autor, serían los impuestos a las emisiones, que, además de desincentivadores para el uso de las energías sucias, la recaudación repercutiría en las arcas públicas, pudiendo usar el incremento en el fomento de energías alternativas o en reducir impuestos regresivos.
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