El déficit tarifario, una vez más

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó a finales del mes de diciembre un informe sobre la propuesta de orden para establecer los peajes de acceso en el sistema eléctrico a partir de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones de régimen especial. En este informe indican que, si bien el escenario tarifario para 2013 previsto por el Ministerio es formalmente suficiente, existen incertidumbres que podrían provocar que los peajes no fuesen suficientes. Así, en primer lugar, el escenario del Ministerio considera que la compensación extrapeninsular será financiada por los presupuestos generales del Estado en un 75% en 2012 y en un 100% en 2013.

Sin embargo, en 2013 el gobierno ha suspendido la aplicación del mecanismo de compensación con cargo a los presupuestos generales, lo que afecta a los costes de 2012. Asimismo, se asume que el 28% de los costes serán financiados mediante ingresos externos a los peajes eléctricos: ingresos por subasta de emisiones de CO2, ingresos derivados de la aplicación de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (en la que se introducen nuevos impuestos sobre la energía) e ingresos extraordinarios. De todos modos, la CNE considera que existe una gran incertidumbre respecto a la recaudación que se puede obtener con estas medidas.
Asimismo, este informe indica que en el último trimestre de 2012 existirá un nuevo desajuste de ingresos, motivado por distintos factores, como una reducción de la demanda más acusada de la prevista o el incremento del sobrecoste del régimen especial (según anunció la CNE esta semana, el déficit de tarifa desde enero hasta noviembre de 2012 ya alcanza los 4.072 millones de euros, superando en un 17,7% la cantidad prevista en enero, en un 114,9% la prevista en la revisión de tarifas de abril y en un 14,1% el déficit del ejercicio anterior).
En el informe también se realizan observaciones de carácter jurídico sobre el desajuste de 2012, los suplementos territoriales, la progresividad de los peajes y la financiación del bono social. Así, consideran que serán necesarios desarrollos normativos previos para introducir los ingresos derivados de la aplicación de suplementos territoriales como ingresos liquidables del sistema. Con respecto a la progresividad de los peajes, consideran que no debería introducirse, ya que no se identifica con las directivas europeas, los recargos no aparecen justificados económicamente ni se analiza su impacto en los consumidores y su aplicación incrementaría la complejidad de la facturación.
En este contexto, el Gobierno aprobó a finales de diciembre un decreto-ley en el que suprime la prohibición legal establecida en 2009 de generar déficit de tarifa a partir de 2013. Asimismo, este decreto-ley también modifica la Ley del sector eléctrico para poder titulizar el desfase de déficit generado en 2012, evitando así su traslado a la tarifa. De este modo, ya no habrá costes en 2013 por extradéficit de 2012, con lo que en principio no serán necesarios los denominados “ingresos extraordinarios”.
Con estas medidas, unidas a las tomadas anteriormente, el Ministro de Industria, considera que el problema del déficit de tarifa está encauzado, aunque no resuelto. Sin embargo, las reacciones de los agentes del sector ante estas medidas que, de nuevo, aplazan la solución del problema del déficit tarifario no han sido muy positivas. Así, las principales compañías eléctricas consideran que las medidas tendrán un efecto nefasto sobre el sector y prometen una batalla jurídica con el gobierno en 2013, ya que estiman que ha acabado con el principio de suficiencia tarifaria del sector. Argumentan que las medidas no solo serán perjudiciales para sus cuentas, sino también para los consumidores, ya que al seguir éstos sin pagar el coste real de la electricidad sufrirán importantes incrementos en el recibo de la luz en el futuro para compensar dichos desfases.
Por su parte, la Fundación Renovables considera los cambios normativos un esperpento, tanto por la forma de introducirlos (dentro de un decreto-ley publicado el último día del año sobre protección social de las empleadas del hogar) como por sus contenidos. Así, critican la consideración como ingresos del sistema externos a los peajes eléctricos de 2.270 millones de euros de ingresos extraordinarios de procedencia poco clara y consideran acertadas las distintas observaciones formuladas por la CNE, concluyendo que el Ministro de Industria ha fracasado estrepitosamente en su intento de acabar con el déficit.

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