Tarifas progresivas de la energía en Francia

El debate sobre el modelo energético y el sistema tarifario no se limita solamente al caso de España (véase nuestras entradas aquíaquí y aquí) pero se extiende más allá de sus fronteras implicando más países europeos. En Francia, el debate sobre una reforma de tarificación de la energía ha sido anunciado por François Hollande como un punto clave de su programa presidencial. La reforma basada en la aplicación de tasas progresivas está sujeta a un proyecto de ley presentado por François Brottes, miembro socialista del Isère y Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, el 6 de septiembre 2012. Con el nuevo sistema de precios, el gobierno francés quiere abordar dos cuestiones: el control del consumo energético y la reducción de la pobreza energética, que afecta a más de 3,8 millones de hogares franceses. 

A partir de una idea a priori atractiva, este mecanismo merece ser considerado cuidadosamente antes de ser implementado. La ley fue aprobada en la Asamblea en la noche del 4 al 5 de octubre después de muchos debates, pero el Comité de Asuntos Económicos del Senado la declaró inadmisible el martes 23 de octubre. El proyecto de ley se debatió el 30 de octubre en el Senado pero el texto ha sido considerado inadmisible. Este revés es menos molesto para el gobierno de Holland, porque según la constitución francesa la Asamblea Nacional (que ya ha adoptado la propuesta) tiene la ultima palabra sobre la legislación. El establecimiento de estas tasas, previstas para finales de 2013 – principios de 2014, será  un proceso largo y tedioso para lograr sus dos objetivos principales. 
Una tarificación progresiva puede perseguir dos objetivos. El primero, económico y ambiental: la aplicación de un precio más alto a los mayores consumidores, tiene como objetivo reducir el consumo de los hogares y reducir las emisiones de CO2. Además, el control de la demanda de electricidad y gas reduce la necesidad de medios adicionales de producción y los riesgos asociados con el suministro de combustible. Por último, la ley tiene una finalidad social y solidaria, un argumento motor de la propuesta del Grupo Socialista, con el fin de garantizar a todos los ciudadanos un acceso al servicio de mínimo consumo de energía donde el consumo llamado esencial esta subsidiado por el consumo de confort.
Para ser justo, los precios progresivos deben basarse en los niveles de consumo personalizados, asegurando que todos los hogares tengan un precio bajo para su consumo esencial. La dificultad de este sistema radica en la personalización de este primer nivel. De hecho, el nivel de consumo depende de muchos factores vitales: la composición del hogar, la actividad de los ocupantes, energía térmica, la eficiencia energética de la construcción. La zona climática también se tiene en cuenta y cuestiona la tasa de ecualización, un principio fundamental del sistema de tarificación actual. 
Por último, incluso si el sistema puede identificar estos criterios de manera justa y evolutiva, varios estudios sugieren que sin un programa de renovación de viviendas, una tarifa progresiva en realidad sería una doble sanción para las familias en situación de precariedad energética. La mayoría de estas familias viven en casas con problemas de aislamiento térmico, y a menudo consumen más de la media de consumo de hogares y aún  tendrían que pagar más. Una realidad que socavaría el objetivo principal de la fijación de precios diferenciados.

El proyecto de ley se basa en un sistema de bonus-malus.

En vista de la complejidad de una revisión completa de la tarifa existente, el gobierno ha optado por ofrecer la dimensión progresiva a través un sistema de las bonificaciones y penalizaciones al consumo de energía residencial (electricidad, gas y calefacción). Una bonificación se aplicará en forma de reducción tarifaria en kWh consumidos dentro de un volumen base. Más allá de este volumen llamado “uso esencial” el kWh adicional consumido se verá afectado por un malus o incluso hasta  un supermalus que podría llegar a 10 € / MWh en 2013.
El volumen de referencia se calculará en función de tres criterios principales: número de ocupantes, la zona climática y el modo de calefacción. La recopilación de esta información se hará a través del impuesto sobre la renta, a través de casillas de verificación adicionales. Más allá del riesgo de sesgo y fraude vinculado a este método de colección basada únicamente en los criterios declarativos, no se tienen en cuenta varios criterios : la actividad de los ocupantes (personas que trabajan en casa, jubilados o personas sin actividades tendrán lógicamente  un  consumo más importante), la situación particular de los ocupantes (salud, vivienda estudiantil, compañero de habitación, traslado), la presencia de un coche eléctrico … Todos los criterios  que faltan pueden penalizar a los más vulnerables. Consciente de estas deficiencias, la Comisión añadió varias modificaciones sobre la base de la edad de los ocupantes y la presencia de un vehículo eléctrico. Es probable que muchos de los criterios se añadieran gradualmente durante el estudio de este proyecto de ley, lo que complica el proceso un poco más.
Para lograr el equilibrio financiero global sin sacrificar los proveedores de energía, cuya cartera de clientes se compone principalmente de pequeños consumidores, será implementado un presupuesto comparable al CSPE (contribución al servicio público de la electricidad). Los proveedores directamente aplicarán el bonus / malus a sus clientes y donarán el resto del dispositivo a la entidad responsable de equilibrar el sistema. Por último, con el fin de no abrumar (agobiar) a los hogares que sufren de la precariedad energética, el Gobierno tiene la intención de introducir una escala de tarifas sociales específicas con penalidad específica (con penalización menor o igual a cero), ampliando el alcance actual de las tarifas sociales. El principal reto de esa ampliación sigue siendo la identificación de los hogares en situación de pobreza energética por los proveedores y las autoridades públicas. Perseguir simultáneamente los objetivos sociales y ambientales con la misma medida parece difícil. De hecho, la emergencia de la pobreza energética requiere una medida específica y complementaria a las tasas progresivas, capaz de aliviar los hogares precarios este invierno.
A pesar de la importancia de los objetivos que plantea este mecanismo de tarificación que se resumen en promover un acceso equitativo a la energía eléctrica y su uso eficiente, este proyecto de ley no es inmune a las críticas. En efecto, las críticas cuestionan la eficacia de estas tarifas basándose en dos principales argumentos. En primer lugar, cobrar un precio por kWh creciente con el consumo de energía no puede simultáneamente reducir la precariedad y el uso total de energía si no cumplen algunas condiciones. Entonces, la electricidad es sólo uno de los ingredientes del bienestar energético y no es prudente promover el consumo sistemático.
Hay varios factores que explican porqué una escala progresiva puede ser contraproducente en términos de equidad y / o ahorro de energía. Cuando todas las casas ven sus facturas reducidas en las primeras unidades consumidas, se les anima a incrementar su demanda total. Por supuesto, los hogares más ricos  probablemente reduzcan su consumo, pero si cae demasiado, no habrá recursos suficientes para cubrir el coste de sufragar los primeros tramos de venta de electricidad, y en otro caso, si no disminuye lo suficiente, el consumo total aumentará en vez de bajar. Por otra parte, la renta no es el único factor explicativo para el consumo de electricidad. Un precio progresivo puede ser muy perjudicial para las familias numerosas y personas desempleadas que pasan mucho tiempo en sus hogares. Los electrodomésticos ineficientes y vivienda mal aislada, cuyas familias de bajos ingresos son los principales usuarios, también contribuyen al aumento de las facturas energéticas.
El segundo argumento se basa en el hecho de que todos los sistemas de fijación de precios progresivos, tienen un gran inconveniente, ya que proporcionan a los consumidores las señales de precios que no reflejan los costes de suministro de energía. Sería preferible hacer pagar a todos el coste marginal de kWh suministrado, que varían en el tiempo y en el espacio, para reflejar las limitaciones y la escasez de capacidad de producción y de transporte, y por otra parte, pagar a las familias vulnerables una asistencia financiera que ellos puedan que elegir libremente para asignar al uso de un tipo de energía en particular.
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